Regeneracionismo: ¿Quién debe ’pilotarlo’?

En vísperas de la muerte del rey Alfonso XII, en noviembre de 1885, se reunieron en el Palacio del Pardo los líderes del Partido conservador, Antonio Cánovas del Castillo, y del Partido liberal, Práxedes Mateo Sagasta, llegando a un acuerdo, que algunos denominan el Pacto del Pardo, por el que ambos partidos se turnarían en el ejercicio del poder. Ese sistema político turnista de la Restauración borbónica estuvo reforzado por una red caciquil en todo el país, denunciada por el ensayista y político Joaquín Costa en su obra Oligarquía y caciquismo.

Noventa años después, con la nueva Restauración de la monarquía borbónica en la persona de Juan Carlos I de Borbón, en noviembre de 1975 a la muerte de dictador, considero que, al igual que entonces, se entró en una nueva situación de régimen bipartidista y plutocrático, el Régimen del 78. En el libro El secuestro de la Justicia (Joaquim Bosch, magistrado, e Ignacio Escolar, periodista), se demuestra que, tras la muerte de Franco, los consejos de Administración de 18 de las 20 empresas más importantes del país, por volumen de ventas, estaban plagados de excargos de la dictadura. Desde entonces, la Corona y los dos grandes partidos que sustentan a aquella se han visto envueltos en recurrentes casos de corrupción.

La reciente crisis desatada por el caso Koldo-Ábalos-Cerdán es una constatación de que esa corrupción, seña de identidad del régimen franquista, sigue siendo sistémica, mostrando el círculo viciado en que transcurre la política española. La realidad es que el dinero lo abarca todo: el dinero es necesario para financiar las campañas electorales; hace falta dinero para sostener la burocracia partidista; el dinero es muy útil para financiar o controlar medios de comunicación; el dinero es preciso para llegar y estar en el poder; y, además, el dinero de las ‘mordidas’ contribuye a llenar los bolsillos de algunos. Todas estas situaciones explican que las grandes beneficiadas de la contratación pública, sobre todo las empresas de construcción, hoy las mismas de la trama Gürtel, siempre encuentren incentivos para seguir buscando, y encontrando, receptores de sobornos.

Un informe reciente del Tribunal de Cuentas europeo relativo a los fondos de cohesión destinados a carreteras concluía que el coste medio de esta obra pública en España era cuatro veces superior que en Alemania. Y aunque, en 2022, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia impuso multas por un valor total de 206,3 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas (Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) por haber alterado durante más de 25 años el proceso competitivo de miles de licitaciones públicas, a la vista está que el problema se mantiene. Según un informe de Los Verdes en el Parlamento europeo del año 2023, el coste de la corrupción en España ascendía a 80.000 millones de euros anuales y en 2024 los jueces del Estado español procesaron/abrieron juicio oral por delitos de corrupción a 253 personas. Y es que «los políticos ven la transparencia como un estorbo», según Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política en la Universidad sueca de Gotemburgo.

El PP, una de las ‘patas’ de este Régimen del 78, condenado por corrupción y que mantiene abiertas hasta 31 causas en los juzgados, no está solo. El PSOE, salpicado en su día por el caso Filesa, una trama de empresas cuyo fin era la financiación irregular del partido en 1989 y que funcionaba como hoy, es decir, inflando el coste de los contratos públicos para recibir la comisión correspondiente, ha visto cómo señalados dirigentes o personas de su confianza han ido cayendo en las redes de la corrupción, con los casos conocidos de los ERE, Delcygate (sobre las mascarillas), Hidrocarburos… La situación actual es grave. Muy grave. Tanto que en la parte socialista del Gobierno no descartan nuevos escándalos relacionados con el caso Koldo-Ábalos-Cerdán.

Las izquierdas parlamentarias que han venido apoyando al Gobierno manifiestan que han perdido la confianza en el mismo (no entiendo, entonces, por qué Sumar se mantiene en el Ejecutivo) y hablan de abordar la crisis con la puesta en práctica de medidas de regeneración democrática en relación, sobre todo, con las empresas corruptas, la limitación de los aforamientos y con medidas de gran calado social, como el de la vivienda. Cuando la legislatura ha contemplado la fragmentación de las fuerzas de izquierda, ahora éstas empiezan a ver la necesidad de explorar una coordinación firme que traslade al PSOE la urgente e inminente aplicación de esas medidas.

Pero, a estas horas, sabemos que Podemos y BNG se han desmarcado. El 23J de 2023, el miedo a la irrupción de las derechas en el Gobierno del Estado frenó a la reacción. Hoy, esos dos partidos se han negado a acudir a la Moncloa, alegando que la corrupción es parte inherente al bipartidismo del que venimos hablando. En ese contexto, yo también considero que las medidas regeneracionistas han de ir más allá: deben remover los cimientos del sólido edificio de la Transición, inculcando una ‘asepsia’ entre las formaciones de izquierda que las aleje de veleidades antidemocráticas y corruptas; deben potenciar los mecanismos de participación y control popular; deben apostar por la paz, contra el rearme y por la convivencia pacífica… y, por qué no, empezar a cuestionar la pervivencia de uno de los pilares del Régimen del 78, la monarquía y sus privilegios.

¿Está el PSOE, hoy, legitimado para ‘pilotar’ ese proceso? Pienso que no. No sólo su debilidad y descrédito, sino su alineamiento con los sectores más conservadores en temas como la pasada renovación del CGPJ, su incumplimiento de los pactos que le llevaron al Gobierno (no derogación de la reforma laboral ni de la Ley mordaza…), su tibieza en la adopción de drásticas medidas para atajar las desigualdades sociales crecientes como la pobreza infantil y el problema de la vivienda, entre otros, me llevan a considerar que ha de ser un frente amplio de izquierdas el que pilote este proceso regeneracionista desde el Parlamento.

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