Murcia se hace trampas con los vertidos y con las fiestas

Tener patrimonio siempre es sinónimo de riqueza. Se puede recurrir a él para ponerlo a la venta y salir de un apuro. O se puede enajenar para tener presupuesto de cara a inversiones. Es lo que suele hacer el Ayuntamiento de Murcia que pretende hacer caja con la venta de terrenos. Sin embargo, no presta mucha atención a los restos que se quedan de construir carreteras e infraestructuras por parte de otras administraciones, que les ceden ese suelo y que lógicamente debe tener un mantenimiento en condiciones.

Sin embargo, la burocracia para inscribir ese suelo como patrimonio municipal no ha ido lo suficientemente rápido en el caso de un terreno plagado de basura, escombros y enseres voluminosos, que ha llevado al Ayuntamiento, incluso, a hacerse trampas y a acusar al Ministerio de Medio Ambiente (Miteco) de tenerlo hecho unos zorros (con nota de prensa incluida de la Concejalía de Urbanismo).

Se trata del terreno que está debajo de la Avenida de Levante, que es un vertedero a cielo abierto y que ha sido denunciado por la concejala socialista Carmen Fructuoso que, con buen criterio, exigió al Ayuntamiento su limpieza. La Concejalía indagó y creyó que ese terreno es del Miteco, una creencia que no se sostiene si se hace un poco de historia.

La parcela donde está la basura es una vía transversal de conexión de la Autovía del Reguerón con la avenida de Beniaján y la Costera Sur: la llamada Avenida de Levante. Resulta que esa Avenida fue cedida al Ayuntamiento en 2021 y lógicamente el suelo que queda debajo también pasa al patrimonio municipal. La clave está en que la Administración local, que es la nueva propietaria del suelo, no ha regularizado la situación en el Catastro y por ese motivo sigue apareciendo como titular el Ministerio, en este caso el de Transportes (antes llamado de Fomento), que es el que hizo la obra.

Así las cosas, le corresponde a los administradores de la capital de la Región limpiar el solar de marras que cada día crece en basura. De hecho, el pasado 15 de junio agentes de Beniaján de la Policía Local pillaron a un sujeto in fraganti arrojando escombros en el mismo sitio denunciado por el grupo socialista. También el pleno de la junta municipal de Beniaján pidió su limpieza, sin que de momento el Ayuntamiento haya movido ficha.

El retraso en la regularización de ese terreno en el Catastro es sintomático de una especie de caos o de negligencia por parte de algún departamento municipal. No es la primera vez que un trozo del patrimonio municipal no está escriturado a nombre del Ayuntamiento. Hubo un concejal en el pasado que llevó la responsabilidad de Patrimonio, también del PP, que se echaba las manos a la cabeza cuando descubría algún trozo de suelo o edificio que es les había escapado. «Si esto pasa en Murcia, qué será en un Madrid o en Barcelona», se preguntaba. De hecho, en 2013 el Pleno de Murcia aprobó poner patas arriba el inventario de bienes municipales tras la polémica suscitada en esa fecha con el Teatro Circo, que incluso llegó a ser embargado porque aparecía a nombre de los promotores que cedieron su propiedad al municipio a cambio de firmar un convenio urbanístico con la Administración local.

El caos del inventario quedó patente en esa fecha y parece que aún no se tienen las cosas al pelo, como debiera ser. Tampoco parece que sean muy exigentes con las fiestas y ferias de los pueblos, que viven su apogeo en época veraniega. Este hecho quedó claro a raíz de la muerte de una pequeña de dos años en la camas elásticas en Alquerías. Las tragedias siempre sacan a la luz los aspectos que no se han realizado convenientemente de permisos y autorizaciones. El caso más sangrante de este municipio es el de Atalayas, donde murieron 13 personas hace casi dos años (el segundo aniversario se cumple en octubre) en unas instalaciones que dejaban mucho que desear y que no cumplían, sorteando las actas y requerimientos municipales.

En el caso de la niña de Alquerías queda claro que hay que prestar mucha más atención a las fiestas y a las ferias de los pueblos, estén o no en un sitio público, ya que por lo general concitan grandes masas de personas que deben tener garantías y seguridad de que todo está correcto. Al igual que Atalayas esta tragedia se ha judicializado. En estos momentos, el juez investiga quién tenía que inspeccionar la feria y la Justicia tratará de esclarecer por qué nadie avisó ni al Ayuntamiento de Murcia ni a la Comunidad de la instalación de las atracciones en la pedanía. También deberá pedir explicaciones si esas atracciones estaban allí para uso y disfrute del público cómo ni la Policía Local ni los funcionarios hicieron lo propio, que es revisar y confirmar que todo estaba bien. Quizá la tragedia no se habría evitado, pero al menos la ciudadanía sabría que hay un sistema que funciona y que da seguridad. Lo contrario es una república bananera. Por nadie pase.

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