Se acabó la 'participación institucional' de pago para sindicatos y patronal

La Asamblea Regional ha derogado la ley de pagos nominativos a favor de los sindicatos y la patronal por acudir a las reuniones de la Administración. A partir de ahora, esas entidades tendrán que responsabilizarse de su propia supervivencia al margen del tesoro público. ¿Podemos mantener ese gasto y no garantizar los servicios públicos esenciales? Es una anomalía desconocida en Europa que tampoco existe a nivel estatal. No tiene sentido que el Gobierno regional tenga que retribuir por la mera asistencia a casi 90 órganos consultivos, la mayoría duplicados o creados para legitimar ese gasto innecesario.

El ‘derecho a participar’ en las decisiones administrativas está garantizado. Nadie discute que los interesados puedan opinar en todo tipo de órganos de decisión, consulta o negociación. No está en cuestión que los sindicatos y la patronal tengan su portavocía en las instituciones, de la misma manera que los ecologistas participan en los comités de medioambiente, los regantes en los consejos del agua o los estudiantes en el sistema educativo. Lo que Vox ha eliminado es el pago anual, directo y nominativo por esa ‘participación institucional’.

¿Debe el Gobierno pagar a sindicatos y patronal por una información que el resto de los grupos sociales están encantados de dar gratuitamente? Participar equivale a influir en la toma de decisiones. Los que participan tienen la capacidad de conseguir regulaciones favorables para sus representados. Por tanto, cobrarle a la Administración por decirle lo que más te conviene es como ir al bar a tomarte una copa gratis y que, además, el camarero te dé una propina.

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Los sindicatos dicen que el pago es inherente a la libertad sindical y parte integral de la democracia, de modo que, si no hay pago por participar, no hay democracia participativa. Y los jefes de la patronal dijeron que, si ellos no cobran por ir a los comités, los diputados tampoco deberían cobrar por acudir a las sesiones parlamentarias. Los agentes sociales no quieren representar a sus asociados y cobrarles las cuotas, prefieren ser parte de los órganos autonómicos y vivir del presupuesto igual que los funcionarios.

Pero al fusionar a los agentes sociales con el aparato de la Administración autonómica se engendra una democracia orgánica de alto coste y baja eficacia. Los sindicatos y la patronal se mimetizan con la Comunidad Autónoma en una simbiosis cuyo principio regulador es el parasitismo institucional. ¿Cómo hemos soportado esta ley autonómica desde 2017? El discurso que la defiende hace cinco afirmaciones: que sólo hay ‘participación’ cuando se insertan de manera estable patronal y sindicatos en las estructuras administrativas, que eso materializa el diálogo social en las democracias más avanzadas, que la propia Constitución avala el modelo, que la presencia de los agentes sociales en los comités mejora la calidad regulatoria, y que la retribución por participar sólo corresponde a las tres entidades más representativas, excluyendo a las demás.

Pero todas esas afirmaciones son falsas. No es cierto que la participación exija integración, ni que las retribuciones sean esenciales a la democracia, ni que el pago sea indicador de calidad avanzada, ni que la Constitución les conceda el derecho a vivir como mantenidos. Y, además, el pago exclusivo para los tres agentes mayoritarios confirma un lema: Los que no se sientan en la mesa, forman parte del menú.

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Al rebufo de la ‘participación’ retribuida han proliferado infinidad de comités y órganos que son incompatibles con la idea de simplificación administrativa. Debaten sobre cambio climático, integración masiva de inmigrantes, ideología de género y políticas similares que infectan de gasto innecesario las administraciones públicas. Pero el tinglado resulta insostenible e insoportable, porque todas las políticas izquierdistas han logrado crear un comité de participación, dotado de comisario, presupuesto y checa para la tortura mediática de los que critiquen el reparto de billetes.

La ley murciana de 2017 no se limita a sufragar «los gastos ocasionados por la participación» (como la madrileña de 1995), sino que también incluye «los gastos específicos directamente relacionados», aunque no llega al atrevimiento de la ley andaluza (aprobada en 2024), que considera que esos pagos no son subvenciones para excusar incluso su justificación. El contribuyente ha sufrido tres generaciones de leyes de participación. La última ha perfeccionado un regional-corporativismo extractivo que retribuye de forma amplia «la dedicación y asistencia a los órganos y ámbitos de negociación, concertación y diálogo social».

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La derogación impulsada por Vox consiste en suprimir la subvención nominativa por una participación institucional devenida inútil e inadaptada para una Administración regional que aspira a ser eficiente, simplificada y moderna. Las subvenciones han sido eliminadas para sanear una Región en estado de pánico financiero, improductiva, absentista y demasiado menguada por roedores presupuestarios. No estamos seguros de la opinión de los sindicalistas, pero sabemos que la mayoría de los empresarios murcianos prefieren la cultura del esfuerzo y el emprendimiento frente a la del subsidio de cuentas quebradas en las regiones fallidas. 

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