¿Debe dimitir el fiscal general del Estado? | Sánchez no se lo permitirá

No hay un solo país en el mundo civilizado en el que la mujer del primer ministro, su hermano, su número dos en el partido, el sucesor del número dos y el fiscal general del Estado estén investigados por la Justicia, y el Gobierno, con una mayoría precaria sostenida por un conglomerado de micropartidos, no caiga estrepitosamente y se convoquen inmediatamente elecciones generales. Pero hablamos de la izquierda española y, más concretamente, del PSOE, que periódicamente embarra la política española con el lodo mefítico de la corrupción. El felipismo sobrevivió una legislatura añadida porque venía de obtener mayorías parlamentarias abrumadoras y, aun así, acabó desplomándose por completo y dando paso a ocho años de Gobierno de su rival. Lo de Sánchez va a ser aún peor para el PSOE y raro será que las siglas no desaparezcan, como ha ocurrido con sus partidos hermanos en Francia, Italia y otros cuantos sitios más en el norte y centro de Europa.  

El fiscal general del Estado tendría que haber dimitido desde el momento en que se abrió una pieza judicial para investigar su participación en la guerra sucia del Gobierno contra la presidenta de una comunidad autónoma. Por elegancia política y dignidad profesional, pero García Ortiz no va sobrado de ninguna de esas dos virtudes elementales, razón por la cual sigue empotrado en el cargo y aferrado al sillón como un koala para vergüenza de toda la carrera fiscal.

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El esbirro de Sánchez en la cúpula de la fiscalía está acusado de haber difundido información confidencial de las negociaciones del abogado de un deudor de la Agencia Tributaria con el fiscal del caso, una cuestión que reviste especial gravedad, puesto que los fiscales son los máximos responsables de que los procesos contra los denunciados se lleven a cabo preservando todas las garantías. Da igual que haya noticias en contra, o que algún medio de comunicación esté difundiendo información errónea sobre el caso de que se trate. Un fiscal no puede alimentar la guerra sucia informativa para «ganar el relato» mediático, algo que compete, en todo caso, al partido político que se crea perjudicado.

Lo de García Ortiz es peor que los latrocinios de los amigos puteros de Sánchez, porque ha pervertido su papel de fiscal general del Estado, actuando como un vulgar lacayo al servicio de las urgencias políticas de su jefe, el papel más lamentable y patético que puede desempeñar un jurista. Pero el tipo sigue encantado de conocerse y, por primera vez en la historia de España, un fiscal se sentará en un juicio en la banqueta reservada para los delincuentes, un dudoso mérito que le perseguirá el resto de su vida.

Como ocurre siempre con el sanchismo, el procedimiento utilizado por García Ortiz y sus colegas ha sido de una cutrez innegable. Y es que, como si se tratara de un chorizo de baja estofa trincado por la patrulla, dedicó parte de su valioso tiempo a borrar todas las huellas que lo incriminaban: no hay confesión más evidente de su culpabilidad.

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Con todo lo que hemos sabido después de la Banda del Peugeot, lo del fiscal ha pasado a un segundo plano de la actualidad política, pero el tema tiene el suficiente recorrido como para que siga condicionando la vida política nacional hasta que Sánchez decida hacernos el favor de convocar nuevas elecciones.

En Europa andan escandalizados con este asunto, porque no se explican la impunidad estructural de unos chorizos que han pervertido las instituciones democráticas, ocupándolas con los elementos más mediocres. Sánchez es tan soberbio que es capaz de mantener a su fiscal en el cargo aunque lo condenen por golfo, confiado en mandar el caso al Constitucional para que Conde-Pumpido, otro lacayo, se invente un regate y anule la sentencia como ha hecho con los golpistas catalanes.

Se trata de darle hilo a la cometa y aguantar como sea hasta 2027. Esto ya solo lo arregla Puigdemont.

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