Ser demócrata es respetar el resultado de las urnas

El PP lleva tres décadas gobernando la Comunidad Autónoma de Murcia. Un camino que se inició en mayo de 1995, con el triunfo de Ramón Luis Valcárcel. Un triunfo por mayoría absoluta que se prolongaría, en esa mayoría, durante veinte años para romperse en 2015, necesitando, desde entonces, alianzas con Ciudadanos y con Vox para continuar gobernando. Alianzas que, como en el caso de Ciudadanos, le obligaron a comprar voluntades que dignifican poco la política y, en el caso de su alianza con Vox, a olvidarse de ciertos valores que, en tiempos, defendió el PP para someterse a los dictados del partido de Abascal que, con todo el derecho, condiciona su apoyo a sus planteamientos en los más variados temas. Pero a nadie se le ocurriría decir que en ambos casos ha sido, o es, un Gobierno ‘ilegítimo’.

Algo que viene soportando el Gobierno de Pedro Sánchez desde que, en mayo de 2018, el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados registrara una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy. En la votación celebrada el 1 de junio, la moción fue adoptada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y Sánchez quedó investido presidente del Gobierno, prometiendo su cargo ante el rey, Felipe VI, el 2 de junio de 2018.

Todo ello en cumplimiento estricto de la Constitución Española, sin violentar ningún mandato democrático porque: «Una moción de censura es un mecanismo que permite al Congreso de los Diputados exigir la responsabilidad política al Gobierno, pudiendo incluso provocar su cese. Es una herramienta de control político por la que el Parlamento puede retirar su confianza al Gobierno». Justo lo que hizo el PSOE. Justo lo que debería de hacer también el PP si considera que el país está viviendo momentos que justifiquen dicha moción. Pero, lejos de ello, el PP se lanzó el pasado domingo a las carreteras de España —de Murcia salieron 15 autobuses— hasta llegar a Madrid y convertir el acto, en la Plaza de España, en algo muy difícil de entender para los demócratas.

Yo estoy convencida de que todos los participantes del domingo en la concentración del PP en Madrid son demócratas. Todos los que intervinieron en el acto son demócratas. Nuestro presidente, Fernando López Miras, es demócrata, por eso es tan difícil entender que pueda decir cosas como «los españoles le han dicho al Gobierno de España que nos dejen decidir». Así mismo, «que nos dejen decidir», como si viviésemos en una dictadura —él es muy joven y no sabe que fue vivir en una— donde no existen las votaciones. En democracia, son las votaciones las que deciden que Gobierno se quiere y en España, «las elecciones son un instrumento mediante el cual los ciudadanos escogen libremente a sus representantes. Constituyen un derecho democrático esencial, recogido en la Constitución española, y suponen la expresión fundamental del pluralismo político de una sociedad». Justo, ‘pluralismo político’, que es lo que hace que el Gobierno de Sánchez esté formado por distintas sensibilidades políticas que, nos gusten o no, están legitimadas para formar parte del Parlamento y, por supuesto, del Gobierno que decida contar con ellos.

Tal y como hizo José María Aznar cuando necesitó apoyarse, para gobernar, en los diputados del PNV y de Jordi Pujol —eran los tiempos del tres por ciento— y no dudó en ser el único político que se atrevió a llamar a ETA «Grupo de Liberación Nacional Vasco», llegando, en el colmo del entreguismo, a «hablar Catalán en la intimidad». Porque buscar el apoyo de la oposición cuando estás en el Gobierno y no tienes mayoría absoluta, es legítimo. Como legítima es la presentación de una moción de censura, que es lo que el PP debería de hacer: la gane o no.

Lo que ya no parece tan legítimo es poner en cuestión que vivamos en una democracia.