El punto 21 del acuerdo PP / Vox

No aparece en el acuerdo que han firmado el partido que sustenta al gobierno con sus exsocios y amigos ‘para siempre’ de Vox. Pero sin duda será el más determinante para los próximos años.

No hablo de liquidar las ayudas a empresarios y sindicatos, que no terminará la sangre llegando al río, pues si se empeñan en ir en contra incluso de los tribunales de justicia, lo único que pueden hacer es el ridículo al final.

Tampoco me refiero al punto en el que después de llamar mafioso y criminal al gobierno de España, le exige financiación para la puesta en marcha del tranvía en todo el área metropolitana.

Y mucho menos al cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, como si eso fuera a solucionar el problema mundial de la inmigración.

Se arrepentirán del punto 2 cuando hacen referencia a que el Partido Popular se compromete a la eliminación y tramitación de devolución por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban ONG que colaboren con la inmigración ¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿Vox y PP?

Tampoco a la incoherencia de firmar un pacto que hable de vivienda y luego renunciar a millones de euros que ponía el estado para facilitar nueva vivienda en la última Conferencia de Presidentes.

Por cierto, en el Gran Pacto, se habla en el acuerdo de luchar por la integridad de España, de programas de apoyo a las familias numerosas, e incluso de un puñado de clases de árabe, en cambio, ni una coma sobre algo que marcará el futuro de la Región de Murcia: la emergencia climática.

A lo que me refiero es al punto más importante y transcendental y que marcará el futuro de esta región en los próximos años, al margen incluso de la propia Ley de Presupuestos. Me refiero a la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, llamada ya por algunos como la ‘Ley de la Selva de la Región de Murcia’.

Una norma que marcará un antes y un después en la prestación de servicios públicos, donde miles de empleados públicos serán apartados ante procesos administrativos que tienen como misión la objetividad y la imparcialidad.

La nueva Ley de Simplificación Administrativa es un macabro homenaje a los incendios que se produjeron el 1 de octubre de 2023.

Lo más sorprendente ha sido el silencio cómplice y hasta inepto de las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación de la función pública, que han hecho una preocupante dejación de funciones. Sin duda, lo único que les queda es presentar sus dimisiones y reincorporarse a sus puestos de trabajo, y es que dejar a los pies de los caballos a miles de empleados públicos, no es precisamente lo que se espera de ellos y ellas.

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