Las cuatro políticas de Memoria Histórica

Las políticas de memoria tienen por objeto resignificar la historia para manejar los acontecimientos con un propósito partidista. La izquierda somete la historia a un jurado popular para que las generaciones presentes hagan ‘justicia’ a las víctimas del pasado alegando secuelas que persisten en la actualidad. La ideología de memoria consiste en reconstruir y asignar calamidades a la derecha en su devenir histórico: patriarcado, imperialismo, esclavitud, fascismo, machismo, racismo y cambio climático. Todos los relatos de memoria dicen que los explotadores de siempre ahora deben pagar por sus crímenes.

El derribo de estatuas de Colón, reclamar indemnizaciones por el dominio colonial o exigir reparaciones por el cambio climático, son casos de ese ajuste de cuentas contra la civilización occidental. En España la política memorialista se focaliza en la guerra civil. La izquierda ha logrado imponer un relato que han tragado los partidos de vuelo gallináceo.

¿Cómo funciona esa política? ¿Qué estructura tiene? La izquierda busca un agravio del pasado, identifica víctimas, señala culpables, declara la verdad oficial y carga los gastos al presupuesto. La Ley de Memoria Democrática funciona con ese modelo: apadrina un relato de buenos y malos sobre la guerra civil, establece una obligación de culto al bando rojo, regala subvenciones, arranca medallas y castiga a los negacionistas de la versión oficial.

La política de memoria sobre la guerra civil ha pasado por tres etapas. La primera (1936-1975) fue de exaltación del alzamiento, la victoria, los caídos, el caudillo y el régimen. La segunda (1976-1982), de transición, puso en marcha el proceso de amnistía, reconciliación, reparación y rehabilitación para los vencidos, pero sin reproches para ninguno de los bandos. Sin embargo, hay una tercera etapa que ha truncado esa concordia con dos leyes: una sesgada (de 2007) que alteraba el callejero, y otra más fanatizada (de 2022) que profana tumbas y reverencia al Frente Popular.

Con esa Ley de memoria nuestra democracia queda seriamente lastimada. La libertad de expresión bajo censura, obras de arte canceladas, monumentos destruidos o resignificados, la investigación subordinada al proyecto memorialista del gobierno y la educación manipulada desde la infancia. Incluso el acceso y permanencia en la función pública requiere certificados de pureza ideológicos.

En España, con la Ley de memoria de 2022, es preceptivo rendir homenaje (dos días) a milicianos, maquis, checas, partisanos, brigadistas y exiliados. Tenemos una Ley que recluta a todos los españoles para la continuación de la guerra civil por otros medios. Su objetivo es alargar de forma simbólica (por ahora) un lamentable conflicto que ya no forma parte de nuestras vidas.

¿Habrá una cuarta etapa en esa política? El siguiente paso es la ilegalización de los partidos que nieguen la memoria democrática redactada por el rojerío. Pero también habrá que pedir perdón e indemnizar a las antiguas ‘colonias’ de cultura caníbal y pagar la deuda histórica reclamada por criminales como Puigdemont. Finalmente, con la democracia saqueada, el plan de memoria selectiva dará su golpe más efectivo: abolir la Monarquía por su mancha de culpa antidemocrática.

El antídoto contra la política memorialista suicida es el patriotismo, es decir, la autoestima nacional forjada como una coraza por la tradición y la historia de nuestros santos, héroes y mártires. Los que fueron capaces de fusilar el Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, ahora quieren dinamitar la Cruz de los Caídos y volar el Trasvase Tajo-Segura por su ideología de odio. ¿Necesita nuestra Comunidad Autónoma una Ley de memoria que siga el rastro de la aprobada en 2022 por Pedro Sánchez? El pasado 3 de junio, la Asamblea Regional rechazó esa propuesta, recordando que más de 800 murcianos fueron asesinados por frente populistas, 4.000 pasaron por checas, presidios, trabajos forzados, torturas y centros de represión, y al menos 114 sacerdotes y religiosos perdieron la vida en la Diócesis.

La Armada en Cartagena padeció una furia criminal sin precedentes. En el navío ‘Sil’ fueron asesinados hasta 300 prisioneros maniatados o directamente en la bodega del barco, y en el ‘España’ asesinados 159 oficiales y otros 48 militares. Sus cartas de despedida fueron arrojadas al mar.

El balance del terror rojo es desolador en la Región de Murcia: 12 iglesias y conventos totalmente destruidos, y otros 245 edificios religiosos expoliados y vandalizados. La crónica de la profanación de tumbas, incendios, robos de arte o derribo de cruces, así como los asesinatos, torturas y mutilaciones de esa guerra, deber ser el trabajo científico de los historiadores que escriben sin taparse un ojo.

Frente a una nueva Ley de memoria izquierdista (pensada para renovar el enfrentamiento entre españoles) la propuesta de concordia formulada por Vox se alzó con la victoria en la Asamblea. Creemos que todos los que han dado su vida por la Patria, desde la Reconquista hasta hoy, deben estar presentes en nuestro afán diario. Y el mejor homenaje, sin distinción de bandos, es no hacer política partidista con su sacrificio para entregarnos una España mejor.

Suscríbete para seguir leyendo