PPRM AÑO 30: ¿Segunda era del ladrillo? | Réquiem por la vivienda pública

Casualidad o no, ha coincidido con el trigésimo aniversario del poder popular (que me perdonen los rojos) en la Región el anuncio de varios episodios que dizque marcan tendencia aunque no sean inéditos. Retrotraen a una época que se creía superada y que no fue otra que la del ladrillismo a go-gó que, al cabo, llevó a los banquillos a numerosos protagonistas de la ‘burbuja inmobiliaria’, entre ellos a dos presidentes, dos, de la Comunidad Autónoma, a saber: Ramón Luis Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez, (a) PAS, este segundo ya condenado y retirado cómodamente, dicen, en Maiami mi amol a la espera de que el Supremo resuelva su apelación a la condena que le llevará, si la pierde, tres años a la cárcel.

Parece que el discípulo López Miras y su equipo optan claramente por resucitar aquella época que sería ahora la de Profusa World, pues la primera actuación conocida da beneficio a esa empresa promotora salida de los excedentes empresariales de ElPozo, aunque la solvencia de ésta garantice que no habrá nuevo caso Polaris, que para eso el amo Fuertes tiene suficiente patrimonio. No obstante, la fórmula empleada para facilitar la promoción de 8.700 viviendas ha sido –gracias a las gestiones administrativas del gobierno de la capital de la Región y de la consejería correspondiente de la Comunidad– la del ‘teletransporte’, fórmula especulativa que supone una amenaza clara y directa a los espacios naturales regionales.

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Con ese esquema se cambia mayor edificabilidad en terrenos de valor medioambiental por terrenos rústicos propiedad de la empresa de marras, como bien explicó Lola García en este diario. Unos y otros serán mantenidos por el consistorio; las viviendas a vender, para turistas y veraneantes. Negocio redondo para promotores y constructores y amenaza a la conservación ambiental. Es decir, urbanismo a la carta, el mismo que dio lugar «a la mayor investigación judicial de corrupción urbanística de la historia de la capital con un alcalde [Miguel Ángel Cámara] y un concejal de Urbanismo en el punto de mira», escribía la redactora jefe. Dos ediles, diría yo, puesto que no solo Fernando Berberena sino también Pilar Megía debió sentarse ante un juez por firmar todo lo que le ponían delante, antes de ser exculpada.

Fuera como fuese, la capital siempre ha sido seguida, cuando no aventajada, por otros municipios emblemáticamente ‘peperos’. San Javier, por ejemplo, donde actualmente se construye un chaletón impresentable junto al Estacio aprovechando la supuesta irreversibilidad de la legalidad vigente y donde se permite la reapertura del restaurante Collados Beach a expensas de lo que diga un juez, en clara continuación por el alcalde Luengo –también secretario general del PPRM– de la política que en su día llevó a su antecesor José Hernández a ser encausado por presunta corrupción urbanística y cuyo legado más chusco fue un campo de golf de nueve hoyos en la parte más estrecha de La Manga.

Hay otros ejemplos, como el de la parcela del hospital IMED, pero el más revelador es la alteración de la legalidad vigente que será la ‘cuarta ley de simplificación administrativa’, pergeñada en la Consejería de Economía de Marisa López Aragón, con la que el grupo popular en la Asamblea pretende crear la ‘licencia básica’ para que los promotores privados inicien «las primeras actuaciones, entre las que se incluyen la cimentación, antes de obtener la licencia urbanística completa», contó Adrián González en este diario el pasado lunes.

Blanco y en botella. O, si anda como un pato, grazna como un pato... Las normas se estiran y se encogen como un chicle para que todo sea legal, muy legal. Y si luego el Consejo Jurídico o algún tribunal osa decir esta boca es mía, siempre será demasiado tarde: dilaciones indebidas, ya saben. Así es como algunos ayuntamientos y el Gobierno regional, incapaces de gestionar la creación de vivienda asequible que tanta falta hace, especialmente a menores de 40 años, se vuelven a echar en brazos del ladrillo y el cemento y orquestan un réquiem por la vivienda pública. Sea. 

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