Banderas victoriosas

Cada año, por estas fechas, se libra la ya habitual guerra de las banderas, todavía incruenta. Todo parte de la sentencia 564/2020 del Supremo, que estableció que ninguna bandera no oficial puede exhibirse con apariencia de oficial, por vulnerar la neutralidad institucional. El caso concreto era una bandera independentista canaria, con siete estrellas verdes, colocada junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Al estar tan cerca del consistorio, parecía oficial. El Supremo falló en contra: no era la bandera oficial de Canarias y, puesto que la mutilaba, tampoco podía representar a España, suplantaba ambas, vulnerando la Ley de Banderas.

Aprovechando la ambigüedad de la ‘neutralidad institucional’, Vox le declaró la guerra a la bandera LGTBI, con el argumento de que no es una enseña oficial. Amenazaron con denuncias y algunos ayuntamientos recularon: la retiraron o buscaron formas menos ‘ofensivas’ de mostrarla, como colgaduras o iluminación simbólica. Algunas sentencias iniciales les dieron la razón, pero otras instancias superiores corrigieron el rumbo, recordando que las administraciones públicas también tienen la obligación legal de promover la igualdad y combatir la discriminación, como establece la Constitución.

La cosa quedó clara con la sentencia 1901/2024 del Supremo: la bandera arcoíris no suplanta a la oficial, no la contradice ni la degrada. Al contrario, la complementa al representar valores constitucionales, como la igualdad, que deben ser defendidos. El Supremo distingue entre banderas no oficiales que visibilizan derechos y aquellas que intentan sustituir o negar la legitimidad constitucional, como sería, por ejemplo, colocar una bandera preconstitucional o una independentista canaria en lugar de la española. La clave no está en si lleva corona o no, sino en si defiende —o ataca— los valores de la Constitución. Y ahí, la bandera arcoíris tiene todas las de ganar. No hay neutralidad que justifique esconder lo que representa: derechos, libertades y ciudadanía.

Esto debería haber aclarado, de alguna manera, esa guerra de banderas. Quienes se erigían en estrictos defensores de la legalidad vigente siguen ahora amenazando a pesar de esa legalidad. Por ejemplo, de nuevo, Vox amenazó con denunciar la bandera LGTBI en la Asamblea el 17 de mayo, Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, a pesar de que la ley regional obliga a la Asamblea a que la muestre ese día. Y si no amenazan con denuncias, lo hacen con presupuestos o con ruptura.

Hasta ahora, Cartagena había sido un ejemplo en visibilidad, cumpliendo incluso la recomendación que hace esa misma ley regional —precisamente para ese día— de que los ayuntamientos también la exhibieran. En Lorca se ha pasado de argumentar que es un espacio neutral a que es un espacio monumental, a pesar de que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz, tan monumental por lo menos como el lorquino, no se ha puesto tan estupendo a la hora de exhibir esa bandera.

Esto va, otra vez, de aviso. Sobre todo a las personas LGTBIQ+ que apoyan esos partidos. A la mínima dificultad, unos —el PP— se pliegan a otros —Vox— en algo que realmente no les importa demasiado, y a vosotros, tan abiertos, tan felices, tan respetablemente casados, os va a tocar plegar esa bandera de libertad que, gracias al sudor, sangre y esfuerzo de otros, ahora flameáis en vuestro día a día con tanta ligereza, mientras hacéis oídos sordos a los mensajes de odio que vuelven.

Las banderas victoriosas son las que se defienden cada día.

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