Derecho de información

Dice el Tribunal Supremo en su sentencia n.º 250/2023 de 14 de febrero que para que la libertad de expresión pueda ser considerada prevalente sobre los derechos de la personalidad garantizados por el artículo 18.1 CE, debe referirse: a un asunto de interés general o de relevancia pública, ya sea por la materia, por la persona o por ambas; que exista proporcionalidad, en el sentido de que no se usen expresiones injuriosas o vejatorias; y que la información sea veraz, que no es equiparable a la certeza, puesto que si fuera así, no se podrían difundir muchos de los hechos noticiables, y no se cumpliría con la función de formación de la opinión pública, pero siempre sin olvidar que hay que proteger contra el rumor y la intuición. Es decir, se exige un resultado de razonable diligencia por parte del informador a la hora de contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales, aunque la información con el transcurso del tiempo resulte desmentida o no confirmada. Diligencia que no existe si se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación, o meras invenciones.

Todo ello viene a cuento por las filtraciones de las conversaciones del presidente con otras personas, sobre todo con su mano derecha durante tanto tiempo, Ábalos, que ha dicho que él no las ha filtrado, pero sí que autoriza su publicación. Lo cual es muy importante, porque no hay delito si es uno de los interesados el que filtra conversaciones privadas. Otra cosa es que, si fuera un tercero sin autorización de los interesados, sí pudiera existir una responsabilidad penal o civil.

Partiendo de que nadie aguantaría un examen exhausto de sus WhatsApps, mensajes o conversaciones informales con amigos, la verdad es que, en este caso, no se trata de personas normales. Se trataba del presidente de un Gobierno y del segundo de a bordo, donde más allá de solucionar problemas parece que tratan de poner orden entre los suyos para que no se desmanden, o simplemente para que sigan -sin que haya cabida a opiniones personales- la ruta marcada por el líder. De ahí el nombre de ‘sanchismo’ a lo que estamos viviendo, muy lejos de lo que es el socialismo de verdad. Todos los que no le bailan sus decisiones son unos hipócritas. En particular, como buen apodor o moteador (yo que pensaba que eso de los motes era cosa de los pueblos, para distinguir a los descendientes de una saga, o como mucho de los alumnos a sus profesores), no desaprovecha ocasión para motear a los suyos que han sido díscolos. Que deje de tocar los cojones (García Page). Es una pájara (Margarita Robles). Un petardo (Lambán). Impresentable (Vara). Jodida (Susana Díaz). Entre otros, y por ahora. ¿Eso es delito? No. ¿Afecta al honor? Pues tampoco. ¿Se puede publicar? Sí, porque parece ser que uno de los interesados no se opone y se cumplen los requisitos jurisprudenciales: hay un interés general, aunque solo sea para saber cómo es la personalidad del presidente del Gobierno. También es proporcional, porque no hay expresiones vejatorias ni injuriosas. Y, finalmente, la información es veraz, como lo prueba el hecho de que no ha sido desmentida por ninguno de los intervinientes en esas conversaciones. Será cotilleo, morbo o algo sin importancia para los más proclives al sanchismo. Pero, por favor, el resto de los ciudadanos queremos saber también como llama a Marlaska y a Yolanda, que seguro que con el ingenio que tiene el presidente, serán divertidos y nada ofensivos. Aunque para eso tienen que dejar de obedecer sus órdenes en algún momento, y nos los veo yo muy por la labor. Bueno, Yolanda sí, pero de postureo, porque luego Sánchez la conquista y la lleva a su terreno del Consejo de Ministros. Así le va a Díaz, en picado a cada elección que se presenta.

Lo contrario, ya que hubo infracción legal, es lo del extinto programa televisivo Sálvame. Hago un inciso para manifestar que me indigna que ahora se les pague con dinero de todos los españoles, a los mismos que en Telecinco dejaron una triste huella. Espero que TVE -por la cuenta que nos trae a todos- no tenga que pagar las multas que a esa cadena privada le ha costado ese programa. Sólo a María del Monte le han tenido que indemnizar tres veces, en el año 2014, en el 2015 y la última en febrero del año 2021, por decir inverazmente que la cantante había intervenido en el robo efectuado a su pareja. Y ahora los ficha la tele pública. Vaya ojo cultural tiene el que lo haya hecho.

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