La caza en la Región: burocracia, imputaciones e hipocresía política

La caza en la Región de Murcia es mucho más que una tradición; es una herramienta clave para la gestión ambiental, un motor económico esencial para el mundo rural y una forma de vida profundamente arraigada. Sin embargo, esta actividad se encuentra atrapada en un laberinto de trabas burocráticas, decisiones políticas incoherentes y promesas incumplidas. El Partido Popular (PP), que ha gobernado la región durante más de dos décadas, ha legislado sin resolver los problemas reales, dejando la caza en una encrucijada marcada por el ecologismo superficial, el miedo a las imputaciones judiciales y una administración paralizada por su propia incompetencia.

Uno de los mayores despropósitos legislativos es el Decreto 55/2015, que exige que cada Orden de Vedas esté acompañada por una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Aunque en teoría parece razonable, en la práctica ha generado caos y llevado a la imputación judicial de altos cargos del PP por incumplir este requisito. Entre los imputados figuran un exconsejero y un exdirector general, lo que ejemplifica cómo una burocracia descontrolada puede asfixiar una actividad fundamental para el medio rural.

La pregunta clave es: ¿cómo se puede evaluar el impacto ambiental de una actividad ya regulada para garantizar su sostenibilidad? Cada Orden de Vedas considera factores biológicos, migratorios y poblacionales, haciendo redundante el EIA adicional. Esta exigencia parece más bien una herramienta para paralizar la gestión cinegética y satisfacer a ciertos sectores ecologistas que ven en la caza un enemigo ideológico.

Mientras los cazadores enfrentan trabas constantes, el Gobierno regional ha optado por inflar artificialmente la superficie protegida mediante declaraciones masivas de Zonas ZEPA y espacios Natura 2000. Estas figuras de protección parecen responder más a garantizar millones de euros en fondos europeos que a una preocupación genuina por el medio ambiente. En 2023, la Región de Murcia recibió más de 10 millones de euros en ayudas para proyectos medioambientales, pero ni un solo euro fue destinado a apoyar la caza o al desarrollo rural. Estos fondos se han dilapidado en estudios teóricos e informes sin mejoras tangibles para los ecosistemas.

Este ‘ecologismo de despacho’ margina a los cazadores —verdaderos gestores del territorio— mientras premia a colectivos que viven del discurso medioambiental sin haber pisado jamás el campo. Por otro lado, la inacción crónica define la gestión cinegética del PP. Con la fecha límite del 1 de mayo acercándose rápidamente, el Consejo Asesor de Caza sigue sin ser convocado y, por segundo año consecutivo, la Orden de Vedas será prorrogada automáticamente sin las adaptaciones necesarias.

Esta negligencia tiene consecuencias graves. Los cazadores murcianos no podrán beneficiarse del levantamiento nacional sobre la caza de la tórtola europea, cuya captura ha sido autorizada bajo regulación estricta en otras comunidades autónomas. En Murcia seguirá prohibida debido a pura dejadez administrativa. Es inadmisible que un sector que genera millones de euros y miles de empleos sea tratado con semejante falta de planificación.

En un intento por maquillar su desastrosa gestión cinegética, el PP firmó junto a VOX y el PSOE el Pacto Murciano por la Caza, destinado a impulsar esta actividad como herramienta de conservación y acercarla a las nuevas generaciones. Sin embargo, este pacto ha quedado reducido a papel mojado: ninguna medida concreta ha sido implementada por parte del PP o el PSOE. En contraste, VOX sí ha cumplido con sus compromisos restaurando prácticas tradicionales como la “Paloma a Brazo”, demostrando voluntad política para apoyar al sector cinegético frente al abandono institucional.

La gestión cinegética del PP podría resumirse como un cazador disparándose en su propio pie: han legislado contra su propio sector productivo, creado problemas donde no existían y dejado a los cazadores atrapados en un limbo legal sin precedentes. Mientras tanto, los fondos europeos siguen fluyendo hacia proyectos teóricos; las imputaciones judiciales continúan acumulándose; y la caza murciana permanece paralizada por decisiones políticas absurdas.

Los cazadores no piden privilegios ni favores; exigen simplemente una administración que entienda las realidades del mundo rural y legisle con sentido común. Pero con un Gobierno regional atrapado en su propia red burocrática e hipocresía política, quizá sea más fácil esperar milagros… aunque probablemente también habría que redactar un impacto ambiental para recogerlos.

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