Okupación e inquiokupación: no hay motivos para la alarma social

Como una clara concesión más a Junts, el pasado lunes 17 el PSOE aceptó tramitar en el Congreso una proposición de ley de esa formación política catalana para agilizar los desahucios y desalojar ‘okupas’ en un plazo de 48 horas, para lo que plantea reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Una mentira repetida mil veces adquiere la categoría de verdad; hay que saber que entrar o permanecer en la morada de alguien -ya sea esta de primera propiedad, segunda, de temporada, un yate, caravana o una chabola- ya se viene castigando como allanamiento y comporta una intervención policial inmediata para garantizar el desalojo (artículos 202 y 204 del vigente Código Penal).

Los datos de la propia Policía Nacional desmienten el infundado miedo que las derechas tratan de inocular en la población. En 2024, las ocupaciones de viviendas en España afectaron al 0,057 del parque, esto es, a 15.287 inmuebles, sobre un total de 26,6 millones. Hemos de recordar que en nuestro país hay 3,9 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores. Quizá por ello, solo el 1,6% de la población responde que la okupación es el principal problema, en encuestas del CIS. Pese a lo cual, la extrema derecha es la que ha puesto más empeño en propalar alarma entre la ciudadanía. En lo que respecta a Madrid, los datos refutan la alarma de PP y Vox: 894 okupaciones en un parque de casi tres millones de viviendas. 

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Según un informe de la Oficina del Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, hasta un 86% de los casos de okupación en el municipio corresponde a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión, y sólo el 1% de los casos se produce en viviendas particulares. Conclusión: son los rentistas propietarios los más interesados en leyes que refuercen su capacidad de enriquecerse. Añadamos la mejora de la cuenta de resultados de no pocas compañías instaladoras de alarmas en domicilios y empresas. 

En otro orden de cosas, Martínez Almeida, alcalde de Madrid, justifica usar la palabra ‘inquiokupación’ para referirse a la tradicional morosidad en el pago de los alquileres por parte de los arrendatarios. Denuncia interesada y poco creíble, vista la inacción del primer edil de la capital para poner coto a la proliferación de pisos turísticos ilegales en esa ciudad, que, según reciente publicación del Ministerio de Consumo, ascienden a 15.200. Recordemos además que, en Madrid, viviendas de protección oficial fueron vendidas a fondos buitre que, desde entonces, han aplicado alquileres abusivos a sus moradores o les han persuadido para que abandonen sus pisos.

Se está negando a la ciudadanía el acceso a un derecho fundamental (la vivienda se está convirtiendo en un objeto de inversión), que está consagrado, como es sabido, en el artículo 47 de la Constitución Española (CE78). El artículo 128 -coincidente, por cierto, en parte de su contenido con el artículo 44 de la Constitución de la II República- en su apartado 1 estipula que «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está sujeta al interés general», y en su apartado 2 establece que «…Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

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En román paladino, este artículo significa que queda abierta la puerta a la posibilidad de intervención directa en el mercado de la vivienda. ¿Qué impide, pues, a este Gobierno, mediante ese mecanismo, poner en el mercado, en régimen de alquiler social y de propiedad, más de un millón de viviendas de los fondos buitre y de la propia Sareb? ¿Por qué se opta por medidas que sólo favorecen a las grandes constructoras, como las rebajas fiscales y subvenciones a los compradores que, en el fondo, van a engrosar las cuentas de resultados de aquéllas? Nuestra CE78 establece que nos dotamos de una economía social de mercado, pero la realidad nos muestra que se pone más énfasis en los intereses del capitalismo que en el aspecto social. 

¿Y qué decir de nuestra Región de Murcia?

Según Juan Antonio Segura, director general de Cepaim, nuestra Región ostenta el triste récord de situarse en último lugar de todas las autonomías en la prestación de servicios sociales, cuando el riesgo de pobreza y de exclusión social es del 30,5%, cuatro puntos por encima de la media estatal, lo que supone una dificultad del acceso a la vivienda para ciertos sectores sociales. 

Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que, por cierto, está en pleno proceso de recogida de firmas para discutir en la Asamblea Regional una ILP por el derecho a la vivienda, en la Región de Murcia hay 103.000 viviendas vacías, en un contexto en el que, según el portal inmobiliario Idealista, estas se han encarecido un 13,2% respecto del año pasado, lo que llevó a Laura Carrillo, de IU-Verdes Región de Murcia (Iuvrm), a denunciar la imposibilidad de que la juventud pueda independizarse y desarrollar una vida autónoma. Recordó que el Gobierno central asignó 17,6 millones de euros para el bono alquiler joven y el Gobierno regional sólo ha ejecutado 8,5 millones. 

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Por su parte, José L. Álvarez-Castellanos, excoordinador regional de Iuvrm y columnista de este periódico, destaca la ausencia de política de vivienda del Gobierno regional. Para aumentar la oferta, plantea: movilizar viviendas vacías y, a largo plazo, vivienda pública en régimen de alquiler; negociar con la Sareb (el ‘banco malo’) y con bancos tenedores las viviendas de su propiedad en la Región; penalizar fiscalmente los inmuebles desocupados; y garantías suficientes para los propietarios que quieran ofrecer sus pisos con alquileres asequibles. 

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