'La Constitución no cambia a conveniencia de Sánchez', por Joaquín Segado

Desde que irrumpió en la Moncloa, Pedro Sánchez ha convertido la política española en una especie de mercado persa en el que cada vez suben más las pujas para su permanencia en el poder, en realidad su verdadero y único objetivo. Con los indultos, la amnistía, la reforma del Código Penal al dictado de quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña, el cupo independentista y el fraude de la llamada condonación de la deuda, parecía que Sánchez había sobrepasado ya todas las líneas rojas en sus concesiones al independentismo. Pero todavía le quedaba por dar una nueva vuelta de tuerca. Y mucho nos tememos que no será la última.

Entregar a quienes quieren romper España el control de las fronteras y la política migratoria y de extranjería, elementos fundamentales que definen a cualquier nación, significa someternos a los españoles a una doble humillación sin precedentes: la de transferir una competencia exclusiva del Estado y, encima, la de haberla negociado en Bruselas con un prófugo de la Justicia.

Una negociación que los socialistas han llevado a cabo de manera clandestina, en el extranjero, en contra de los procedimientos reglados, sobre un asunto explícitamente vetado por la Constitución y como pago a un requisito político. Y que ha dado lugar a una de las claudicaciones más graves de Sánchez ante el independentismo, ya que esa cesión de competencias no solo afecta al artículo 149 de la Constitución, sino sobre todo al artículo 2, que consagra la indisoluble unidad de la Nación española.

En lugar de buscar soluciones a la crisis migratoria que sufren en especial zonas como Canarias o la Región de Murcia, el Gobierno de Sánchez cede una competencia exclusiva del Estado, que no está ejerciendo, para que los separatistas puedan seguir avanzando en su proyecto independentista. Sánchez está dando al separatismo lo que siempre ha buscado: sus propias fronteras.

Cuando Gobiernos autonómicos, como el de la Región de Murcia, reclaman una política de control de fronteras, reciben la callada por respuesta. Sin embargo, cuando los separatistas exigen una nueva cesión, a Sánchez le falta tiempo para cruzar la Constitución y transferir competencias.

Y mientras Sánchez cede las competencias de inmigración a los independentistas con todos los recursos económicos necesarios, aquí en la Región acogemos menores no acompañados por encima de nuestras posibilidades y, encima, les atendemos con nuestros recursos porque el Gobierno central no nos transfiere el dinero necesario para atenderlos: tan solo 870.000 euros de los 16 millones que cuesta su asistencia. Una vez más, Sánchez es cicatero con quienes somos leales a la Constitución y la Nación, y generoso con quienes buscan la independencia de España. Al fin y al cabo, pagamos los españoles.

Cabe recordar que fueron el propio presidente del Gobierno de España y varios de sus ministros los que señalaron, y no hace mucho, que la cesión del control de fronteras y de las políticas de inmigración es inconstitucional. Pues bien: lo que ayer era inconstitucional, hoy lo sigue siendo. La letra y el espíritu de la Constitución no cambian en función de la conveniencia de Sánchez y su permanencia en el poder.

Estamos ante una nueva demostración de que el principal problema que tenemos en España se llama Pedro Sánchez. Un presidente que es capaz de comprometer la seguridad nacional al transferir el control fronterizo como pago para permanecer en la Moncloa. Que es un pelele en manos del independentismo, que continúa desmantelando la presencia del Estado en Cataluña, y que sigue profundizando en la desigualdad de los españoles. Que cumple los deseos de sus socios separatistas de entregarles ‘estructuras de Estado’ para avanzar en la independencia y de convertir al resto de los españoles en extranjeros en su propio país.

El problema es que tenemos al presidente más débil de la democracia, que está dispuesto a ceder a cualquier chantaje para permanecer en el poder. Que, por siete votos, ha perdido una dignidad que el PP devolverá a la política española cuando llegue al Gobierno de España.

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