El fiscal superior de la Región mueve ficha

Que la Justicia en Murcia funciona de «esas maneras» es de todos sabido. Los retrasos en las resoluciones se han convertido en escandalosos y el resultado de dichos retrasos es el llegar a acuerdos más escandalosos aún con los delincuentes, que ven el cielo abierto porque esos acuerdos les libran de pasar por la cárcel y porque, normalmente, lo que han de pagar, económicamente, es de risa. Algo de lo que son conscientes también las y los encargados de impartir justicia.

Quizás, por ello, es por lo que José Luis Díaz Manzanera, el fiscal superior de la Región, prepara una instrucción destinada a los fiscales que trabajan en esta comunidad para llevar un mayor control de las conformidades en lo penal, con el objetivo de que no se repita, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de los «empresarios de la vergüenza», que pagaron por tener sexo con menores y se fueron de rositas porque se había agotado el tiempo en el que deberían de haberlos juzgado.

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Díaz Manzanera, entre otras cosas, propone la supervisión por parte de un superior—un fiscal de mayor rango— «en los asuntos de especial trascendencia o en los que las víctimas sean menores o personas desvalidas». Pero causa preocupación el que también diga en otro apartado que «por ley, surge la obligación de escuchar a las víctimas siempre que sea posible y principalmente en los casos en los que sean especialmente vulnerables». Y aquí está el problema, en ese «siempre que sea posible». Porque ahí no hay una exigencia, hay una manera de expresarlo que da para cualquier interpretación que se quiera, y la Justicia ya da para demasiadas interpretaciones.

La Justicia ha de ser justa, y no puede ser justa si pasa por alto las circunstancias especiales de las víctimas, como ocurrió en el caso de los empresarios, que procedían de familias que no tenían los más mínimos conocimientos de cuáles eran sus derechos. Y entre sus derechos, estaba el personarse como acusación particular, algo que no pudieron hacer, entre otras cosas, porque tampoco tenían medios para hacerlo. Y cuando algunos abogados de las defensas se vanagloriaban porque cinco de las víctimas pidieron que sus agresores no entraran en prisión, olvidaron, o no, que las víctimas eran personas muy necesitadas económicamente y que los agresores eran ricos.

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No estoy afirmando que estos «respetables» padres de familia con dinero suficiente para comprar voluntades les pagasen para declarar eso, ¡que mal pensados! En absoluto, yo solo constato que si no se protege a las víctimas que no tienen capacidad para defenderse, la Justicia deja de ser justa. Y si esto es así, los ciudadanos no tienen a que aferrarse, porque uno de los primeros derechos del ser humano debe de ser la igualdad ante la Ley.

Y no dudo de la buena voluntad del fiscal superior de la Región de Murcia, pero sí pienso en lo difícil que lo tiene, si tenemos en cuenta que, según recoge el Consejo General del Poder Judicial, la resolución de asuntos en la Comunidad de Murcia ha llegado a triplicarse en los últimos años de una manera preocupante, y si como muestra vale un botón, los litigios de la Audiencia Provincial, que hace unos 20 años se solucionaban en unos cuatro meses, hoy necesitan una media de casi año y medio desde que se registran hasta que los jueces resuelven porque, entre otras cosas, Murcia es la tercera comunidad con un mayor número de pleitos presentados, lo que provoca que cada año se registren más casos de los que se resuelven, entre otras cosas porque, según parece, los juzgados de primera instancia e instrucción de esta autonomía «son los más lentos de toda España».

Pues bien, mientras que no se arregle la falta de juzgados y de expertos en impartir justicia, difícilmente se podrá solucionar un problema que hace tiempo se convirtió en preocupante.