Compatibilidad en la sanidad pública: ¿habrá que negociar, no?

Todo apunta a que aquellos partidos políticos que apuestan -de manera legítima, que nadie lo olvide-, y con un respaldo abrumador tanto en las urnas como en la Asamblea regional por poner muchos servicios públicos -entre ellos, el que supone un mayor negocio, la sanidad- en manos de la gestión privada, van a ponerle ahora también una alfombra roja a los máximos responsables de los diferentes servicios sanitarios (jefes de servicio), muy mayoritariamente, por cierto, hombres, para que puedan compaginar su actividad pública con la privada.

Por desgracia, ningún diputado ni diputada, ya que les corresponderá a ellos modificar la Ley de Personal Estatutario, ha levantado el dedo exigiendo al menos negociar esa «bula presidencial».

No es la primera vez que defiendo que si un traumatólogo en sus ratos libres quiere poner prótesis, un oftalmólogo quitar unas cataratas, o un dermatólogo quitarte un lunar en tu espalda, tiene todo el derecho del mundo a realizarlo, pero sería bueno que fuera obligatorio rendir cuentas de su labor en el estamento público, no olvidemos que aparte de usuarios, son contribuyentes.

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¿De qué me vale permitir al colectivo médico compatibilizar su actividad con la privada si no cumple con sus horarios y obligaciones públicas?

¿Hasta cuándo se va a permitir que en muchos lugares la actividad quirúrgica se corte mucho antes de que acabe la jornada ordinaria porque el anestesista o cirujano de turno -no todos- tiene programadas otras en las clínicas privadas a primerísima hora de la tarde?

Estoy de acuerdo en que un jefe de servicio pueda operar en su clínica o en un hospital privado, pero antes tendrá que demostrarse que no hay listas de espera en su servicio, o que los quirófanos tienen una actividad cercana al 100%, al menos en horario de mañana. Parece, por tanto, lógico que la compatibilidad de un facultativo se otorgue en función del cumplimiento de sus obligaciones como trabajador público, aunque siempre le quedará al profesional sanitario, si no lo considera justo, dedicarse en cuerpo y alma a la actividad privada.

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Estoy seguro, no creo que ninguno de los 45 diputados y diputadas de la Asamblea regional vayan a aprobar modificar una ley tan importante, y que afectará directamente a un millón y medio de murcianos y murcianas (demoras, listas de espera, intervenciones quirúrgicas, pruebas especiales, etc.) sin exigir, al menos, contrapartidas por un regalo tan goloso.

Más aún, sería bueno que alguno o alguna de sus señorías pidieran un informe de los que más saben de esto, que los hay y muy buenos, por cierto, algunas de ellas dejándose lo mejor de sí mismas actualmente para que el barco no siga haciendo aguas.

La sanidad pública se merece, al menos, una explicación. 

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