Opinión | Murcia D. F.

'Las bicis eléctricas de Madrid huyen a Murcia', por Lola García

El Ayuntamiento ha elegido para prestar ese servicio a una de las empresas que han abandonado la capital de España y la misma que aún no ha retirado los patinetes alegales de la ciudad

Patinetes de la empresa que pondrá las bicis eléctricas, que deben ser retirados.

Patinetes de la empresa que pondrá las bicis eléctricas, que deben ser retirados. / L.O.

Es raro que Murcia esté a la última o ponga en marcha proyectos en los que se miren otras ciudades. Pasa en distintos frentes y con distintas administraciones. La capital de la Región está acostumbrada a recibir elementos reciclados de otras partes del país. Es habitual que eso ocurra con los trenes y con los autobuses, máquinas y vehículos que se remasterizan y acaban circulando por territorio murciano.

Ahora le ha tocado el turno a las bicis eléctricas que ha anunciado el ayuntamiento de Murcia que pondrá en marcha a partir de febrero. El Gobierno local se encargó de buscar una empresa que diera el servicio ante la caducidad del sistema público MuyBici, que retirará los vehículos de dos ruedas convencionales, y ante la imposibilidad de sacar un concurso en el que se recogieran todas las modalidades de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal): patinetes, bicis y motos eléctricas.

Patinetes azules

Esa imposibilidad derivada de la incapacidad administrativa de adelantarse y hacer los proyectos en tiempo y forma por parte de la concejalía de Movilidad y Contratación ha tenido como consecuencia el traer a la ciudad a una empresa que abandonó Madrid con sus bicis eléctricas (la capital de España puso en marcha un sistema público, lo que obligó a exiliar a las empresas que estaban dando el servicio) y que en Murcia es conocida por sus patinetes azules que están distribuidos por distintos puntos de la ciudad y que no cuentan con el beneplácito del Ayuntamiento.

La Administración local lleva meses insistiendo en que esos patinetes deben ser retirados, al igual que los de las otras empresas, bajo amenaza de ser requisados por parte de la Policía Local. Unas amenazas que de momento han caído en saco roto por ambas partes: ni las compañías los quitan ni los policías tampoco. Tanta dejadez no tiene parangón a no ser que haya alguna justificación ‘secreta’ que de momento no ha trascendido.

Quizá ahora que la empresa de las bicis ha sido elegida por el Ayuntamiento para poner 700 bicis eléctricas (¿las traerán de Madrid?) se vea inducida a quitar los patinetes para dar una buena imagen de cara a la gestión de las dos ruedas. Conociendo la lentitud de la Administración local es de suponer que esta compañía se esté frotando las manos ante el nuevo servicio que prestará, que se puede alargar durante meses, e incluso años, antes de que salga el concurso público de los Vehículos de Movilidad Personal.

No es demagógico lanzar esa hipótesis si se analiza la trayectoria del ayuntamiento de Murcia en cuanto a movilidad y transporte público con concesiones caducadas y con autobuses muy contaminantes, con casi dos décadas a las espaldas y sin cumplir los requisitos de accesibilidad. Nada parece importante a los administradores de lo público retrasar los proyectos de manera negligente. El último año ha sido esperpéntico con anuncios y plazos que deberían haber estado ya realizados.

Estructura de costes

En febrero del año pasado, el Ayuntamiento sacó a contratación la asistencia técnica del nuevo servicio de transporte público y en junio dio luz verde a la licitación. En septiembre se formalizó el contrato, pese a que la empresa adjudicataria ya estaba trabajando antes de esa fecha haciendo mediciones para modificar la puesta en marcha de un verdadero transporte público que dé alternativa al coche privado. Parecía que a final de año todo estaría listo para que ese plan de transporte público con mejora de frecuencias, líneas y horarios, que será un megacontrato para diez años y costará casi 300 millones en una década, pudiera salir por fin a licitación.

Sin embargo, surge un nuevo inconveniente. Antes de todo esto había que aprobar la estructura de costes, un requisito indispensable recogido en un real decreto desde 2017 que, al parecer, desconocían los funcionarios de la concejalía de Movilidad, el propio concejal, José Francisco Muñoz, y el Ayuntamiento en su conjunto (el mismo edil lleva también el departamento de Hacienda y Contratación y la información debería ser transversal para agilizar la acción pública y política).

Esa estructura de costes recoge el régimen económico del contrato, los precios de la flota y el combustible y el gasto en personal, entre otros detalles, y se aprueba en Junta de Gobierno a finales de diciembre de 2024. La semana pasada se publicó en el BORM (Boletín Oficial de la Región de Murcia) para el periodo de exposición al público.

Murcia tendrá suerte si a finales de este 2025, el contrato de marras sale a licitación. Entre que se adjudica y se pone en marcha pasarán las hojas del calendario y será necesaria una nueva prórroga del servicio actual que es más propio de una república bananera que de la séptima ciudad de España. Si los concejales se bajaran de sus coches privados y de los coches oficiales para moverse por el municipio, todo se agilizaría y el servicio sería puntero. Por nadie pase.

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