Enroque

Parece que se está jugando una partida de ajedrez entre el Gobierno y los jueces. El primer poder del Estado está dispuesto a comerse a los otros dos. Al segundo, el Legislativo -que al fin y al cabo también es político-, puede que consiga comérselo, y de hecho lo está consiguiendo, al saltárselo una y otra vez a través de los decretos leyes. Pero el tercero, el Judicial, le está saliendo respondón. Y es que su independencia es sagrada.

Ante la interesada ley de amnistía, redactada por los propios beneficiarios de la misma, los jueces se niegan a que se aplique en determinados campos, por ser inconstitucional. Ante las investigaciones de la amada esposa del presidente, que dirige una cátedra sin haber pisado la universidad. Ante la investigación sobre su hermano de sangre, que no sabe ni con quién trabaja, ni siquiera dónde trabaja. Y ante su hermano jurídico, el fiscal general del Estado, que está imputado y, presuntamente, borra mensajes en plena investigación. Pues bien, ante todo eso, y para evitar esas investigaciones -que se iniciaron por recortes de prensa y acusaciones populares- aparece en ese virtual tablero de ajedrez una proposición de ley para evitar los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. La finalidad de esa proposición es que no se admitan más querellas por noticias de prensa y que desaparezca la acción popular, a pesar de que el artículo 125 de la Constitución proclama que los ciudadanos podrán ejercerla. Pero quién es la Constitución para prohibir algo a Sánchez. Y lo mejor es que se pretende a través de una disposición transitoria que los asuntos que están en trámite (esposa y hermano) se archiven. Se puede ser más inteligente. Esa jugada es de maestro ruso y lo digo no por la dictadura, Dios me libre, sino porque el mejor jugador en la historia del ajedrez, Kaspárov, lo es.

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Dicen que esta reforma exprés contra la acción penal afectará también de lleno a las víctimas del terrorismo y a la prensa, que no podrán los primeros ejercer la acción popular, y esta ser base para una querella criminal. Incluso algunos juristas han afirmado que utilizar la proposición de ley para invalidar la acusación particular es la liquidación del Estado de derecho. Yo no diría tanto, pero lo cierto es que la clara intención de esa ley no es precisamente un interés general, que es lo que obligatoriamente debe tener como finalidad cualquier norma jurídica, sino el particular. Lo cual no es nada nuevo.

Las cuatro asociaciones de jueces se han manifestado en contra de esa intención del Gobierno, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La mayoritaria, que es la Asociación Profesional de la Magistratura, dice que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado por el artículo 24 de la Constitución, y limitará gravemente la investigación de la corrupción. La Asociación Francisco de Vitoria manifiesta que se ha usado la peor de las técnicas legislativas imaginables. El Foro Judicial Independiente expresa que afecta a la libertad de expresión de los jueces, al poder ser recusados por sus opiniones. Y hasta la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia está en contra, al manifestar que no es el momento de limitar las acusaciones populares. Entretanto sale adelante esta proposición de ley, como se sigue investigando a los familiares afectados y al fiscal, se trata de desviar la atención de todos esos problemas judiciales, convocando cien actos para conmemorar los cincuenta años de la muerte de Franco. Todo muy pensado.

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Todo ello se parece a un enroque ajedrecístico, pues se mueven dos piezas a la vez, la de la ley y la de la distracción. Y al igual que en el ajedrez, la finalidad es absolutamente defensiva, para evitar un jaque mate. Y como un buen jugador de ajedrez, Sánchez sabe cómo y cuándo utilizar esa jugada para salir del trance, al menos momentáneamente. Lo que no puede enrocarse es al salir a la calle, que es abucheado allá donde va, al igual que a miembros de su Gobierno, como recientemente a su ministra de defensa cuando fue a Cádiz a despedir a la princesa Leonor.

El Gobierno mueve pieza, los jueces siguen investigando. El Gobierno se enroca, los jueces no paran. Es un mano a mano. Mientras unos pretenden mandar en el tablero, los otros mantienen su posición de garantes del Estado de derecho.

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