Opinión | Pasado a limpio

La vivienda no es un problema

Un fundamento de la sociedad de mercado es la capitalización. Los beneficios consolidados se transforman en activos inmovilizados e incrementos del capital de las empresas

Imagen de archivo de viviendas en construcción.

Imagen de archivo de viviendas en construcción. / E. P.

Es una catástrofe. La desidia ha convertido el derecho a una vivienda digna, principio programático de nuestra constitución, en una pantomima que ha perdido hasta el nombre, sustituido por una locución que ni podemos llamar eufemismo: «soluciones habitacionales». La pugna política ha dado la salida al concurso de soluciones ocurrentes. Lo que tenemos es fruto de la pereza política de todos los responsables de vivienda de los últimos veinticinco años, ¡un cuarto de siglo!  

En unas jornadas de vivienda organizadas por la Comunidad Autónoma en los años 90, los promotores exponían la falta de rentabilidad de las viviendas de protección oficial (VPO), pero quien confirmaba aquella queja era el gerente de Urbamusa, la empresa municipal receptora de las cesiones obligatorias de suelo de los planes urbanísticos. Las urbanizadoras municipales solían tener el mismo ‘modus operandi’: cubiertos los equipamientos públicos, el suelo público restante era vendido a precios de mercado a las promotoras privadas. Esta práctica no contribuía a abaratar el suelo, sino a la especulación urbanística. El lobo apacentando las ovejas.  

Años después, la liberalización del suelo, las bajadas de tipos y otros aires, insuflaron la gran burbuja inmobiliaria. Los planes de VPO se articulaban sobre la subvención de los tipos de interés hipotecario y la bonificación de impuestos para la compra de suelo. Cuando los intereses bajaron, las ayudas públicas carecieron de aliciente. Las bonificaciones casi totales del impuesto de transmisiones patrimoniales no eran suficientes para la rentabilidad que alcanzaba el mercado de renta libre.  

El resto de la historia es conocida: hace más de cinco lustros que apenas se construye VPO. Es indiferente el partido que gobierne la comunidad autónoma, aunque en Murcia siempre ha sido el mismo. Eso no exculpa al otro, que desde hace aún más tiempo optó por «la cultura del alquiler», porque al parecer, en España se alquilaba poco. El PSOE de Felipe González tenía un concepto muy laxo de la cultura, como la que denominaba ciertas prácticas de la época: «cultura del pelotazo».  

Un fundamento de la sociedad de mercado es la capitalización. Los beneficios consolidados se transforman en activos inmovilizados e incrementos del capital de las empresas. Debería ser válido para las familias y material el ahorro en bienes no depreciables, como era la vivienda antes de convertirse en un valor especulativo, consolidando un patrimonio con que afrontar las épocas de crisis.  

La contrapartida de la inversión inmobiliaria familiar es el arraigo territorial, que mal casa con la dinámica empresarial que demanda mayor movilidad laboral. El modelo europeo occidental contrastaba con una sociedad española muy apegada al territorio, inmovilizada. De manera que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, ninguno de los partidos mayoritarios tuvo interés en preservar el derecho a la vivienda. Los desahucios se multiplicaron mientras la prioridad era salvar el sistema financiero y aliviar a la banca de los activos tóxicos, especialmente los préstamos hipotecarios impagados. La Sareb se creó, no para proteger el derecho ciudadano, sino para sanear las cuentas de la banca. De aquellos barros, estos lodos. 

La Justicia tampoco ha dejado de contribuir al desastre. La jurisprudencia del Tribunal Supremo consideraba que los sobreprecios en la venta de VPO eran una cuestión administrativa y que el principio ‘pacta sunt servanda’ es sagrado en la sociedad liberal: si has firmado, te fastidias y cumples, aunque tengas que pagar en negro y las cláusulas sean abusivas. Los tribunales tardaron más de treinta años en asumir la obligatoriedad del derecho comunitario europeo y aceptar que las cláusulas abusivas son nulas conforme a la ley de consumidores y usuarios vigente desde 1984. Nada que no se contemplara en el Derecho Civil desde tiempo ha: el incumplimiento de normas imperativas, incluidas las que fijan precios máximos de venta, conlleva nulidad de pleno derecho.  

PP y PSOE rivalizan en propuestas para paliar el mercado de la vivienda. Antes de valorar las nuevas ocurrencias, en general tan viejas como negra es la pez, convendría amonestar a Feijoo por su analfabetismo jurídico, incompatible con un titulado en Derecho y expresidente de Galicia: el impuesto de transmisiones patrimoniales es fundamental para la financiación autonómica y el IBI es un pilar de las haciendas locales -un tiro en el pie para sus presidentes autonómicos y alcaldes-; además, el arrendamiento de vivienda está exento de IVA para los arrendatarios: Sus propuestas de rebajas tributarias son un bluf. Algunos ayuntamientos contribuyen al desastre autorizando el cambio de uso de locales comerciales en oscuras, cochambrosas e inundables infraviviendas para el alquiler.   

Mientras tanto, los fondos buitre, los bancos, la Sareb y un sinfín de inmobiliarias y arrendadores de viviendas turísticas, han hecho de la especulación un negocio lucrativo. 

Faltan collares para tanto perro.

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