Opinión | Noticias del antropoceno
La vivienda, muy y mal intervenida
La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, algo inevitable tras años de dejación por parte de las Administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales. Para el Estado, la cosa no iba con ellos, excepto a nivel legislativo, aprobando decreto ley tras decreto ley amparando los derechos de los inquilinos e hipotecados y atacando a los de arrendadores y prestatarios. A base de gobernar por decreto ley favoreciendo solo a una parte, el Gobierno de izquierdas consigue votos a cambio de perturbar el equilibrio del mercado. Las consecuencias eran previsibles: cada vez menos propietarios quieren arriesgarse a poner en alquiler su vivienda, y cada vez menos ahorradores invierten su dinero en una segunda vivienda para asegurarse una renta en el futuro. No es que el Gobierno no lo sepa, sino que hace sus cálculos y decide lo que más le conviene electoralmente. Es la lógica de la democracia liberal y no hay por qué escandalizarse.
El problema surge cuando las consecuencias se hacen evidentes para los supuestamente favorecidos por las políticas gubernamentales, que se encuentran de repente sin casa para alquilar, o casas para alquilar a precios astronómicos debido a la escasez de oferta. La solución para la izquierda es más intervención, en concreto la regulación de los precios de los alquileres en las llamadas ‘zonas tensionadas’. La consecuencia, también previsible, es la escapada de los propietarios por la rendija de los alquileres turísticos. Pero el Gobierno, que es más listo, quiere prohibir el turismo en los centros de las ciudades. La consecuencia será la degradación comercial y hostelera de zonas anteriormente vibrantes de actividad. Por no hablar de esa privatización de la política social de vivienda permitiendo que la gente viva gratis en propiedad ajena simplemente okupándola.
Así, tacita a tacita, intervención tras intervención en favor de su clientela electoral, este Gobierno de izquierdas ha fastidiado el mercado de la vivienda, el mismo que liberalizó con éxito un ministro socialista, Miguel Boyer, y por lo cual fue crucificado en la plaza pública. Y es que la izquierda no entiende que la ingeniería política para comprar votos se compagina mal con una economía de libre mercado, que debe funcionar a su aire para favorecer el crecimiento y la generación de riqueza. La única alternativa coherente al libre mercado es simple: todos funcionarios y el Estado propietario de los medios de producción. Y después, el Gulag.
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