¿Debe la Asamblea nombrar a los magistrados del TSJM? | Un escándalo asumido con naturalidad

Como cada vez que toca repartirse el Poder Judicial, PP y PSOE alcanzan sus acuerdos a una velocidad que ya la quisiéramos cuando se trata de solucionar los problemas que afectan a todos los ciudadanos.

Los políticos tienen una vocación irrestricta de control de todos los aspectos de la vida de las personas y la administración de la Justicia es, qué duda cabe, uno de los asuntos más importantes por cuanto nos afecta a todos los contribuyentes en mayor o menor medida. Los dirigentes de los grandes partidos quieren una Justicia lenta y unos jueces y magistrados conscientes de que sus carreras profesionales están en manos de ellos. La clase política, integrada por personajes que, en no pocos casos, desfilan por los banquillos de juzgados y tribunales a dar cuenta de sus trapacerías, prefieren que los encargados de decretar su culpabilidad o inocencia carezcan de medios apropiados para impartir Justicia de manera rápida e implacable y, además, dependan del acuerdo del partido del encausado para prosperar en la carrera judicial. Siendo esto así a nadie puede sorprender que la Justicia en España sea la competencia del Estado más atrasada y con menos recursos técnicos y humanos a su disposición, o que exista un trasiego constante entre los órganos judiciales y el parlamento de magistrados que se hacen diputados y luego vuelven a la carrera judicial con toda normalidad.

Compárese la tardanza en resolver un asunto judicial cuando el demandado es un organismo del Estado con la manera fulgurante con que Hacienda ejecuta embargos de dinero y bienes de los ciudadanos, y tendremos una imagen fiel de qué es lo que le interesa a los políticos que funcione de manera eficaz y qué otra cosa prefieren que se mueva con la mayor lentitud posible.

Desde esta perspectiva, el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE en la Asamblea Regional (con la aquiescencia de la extrema izquierda) para cubrir determinadas plazas en los altos tribunales de la Región no puede sorprendernos, aunque eso no nos impida dejar constancia del escándalo que supone esta intromisión de la política en el ámbito de la Justicia. El hecho de que los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia se feliciten por el acierto de los candidatos propuestos por el Parlamento regional tampoco tiene por qué tranquilizarnos. Ya podrían ser los aspirantes la madre Teresa de Calcuta y San Raimundo de Peñafort, que seguirían llevando en su nombramiento el estigma de haber sido propuestos por los políticos, un baldón que debería avergonzar a todos los que participan en estos enjuagues.

El engaño de los políticos en estos asuntos consiste en identificar sus decisiones con la voluntad popular. Así pues, en tanto que representantes del pueblo soberano, la elección de los candidatos a los órganos judiciales es, en esencia, la decisión de ese mismo pueblo, representado políticamente en los miembros del Parlamento. Pero a ningún adulto medianamente formado puede escapársele que los intereses de la clase política no solo no tienen mucho que ver con los de los que pagamos la fiesta, sino que, en no pocas ocasiones, son diametralmente contrarios. En otras palabras, los diputados murcianos eligieron a los candidatos que más les interesa a ellos como segmento reducidísimo de la población. De otra forma se habrían abstenido y habrían dejado que fueran los propios jueces y magistrados los que eligieran a sus candidatos, que es el único mecanismo realmente limpio para proveer determinados puestos en los órganos judiciales cuando quedan vacantes.

Poco consuelo representa el hecho de que en todos los sitios ocurre lo mismo. Una circunstancia que, en esencia, solo sirve para constatar que la politización de la Justicia es un mal demasiado extendido como para erradicarlo en solo una generación. 

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