Sánchez encarna la degeneración de la democracia

La semana pasada tuvimos conocimiento de que el presidente del Gobierno y su esposa usaron las dependencias de la Moncloa para mantener encuentros con un empresario que acabó recibiendo contratos públicos del Gobierno que preside el primero, después de que la segunda lo recomendara en distintas ocasiones. Es difícil pensar en una definición mejor del tráfico de influencias. Los mismos empresarios que patrocinan las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez se reúnen con él en la Moncloa y acceden a contratos públicos.

En una nueva vuelta de tuerca, justo el día en que el mismo Sánchez comparecía en el Congreso para, supuestamente, presentar su plan ‘de regeneración democrática’, la Universidad Complutense pedía al juez que investigara a la mujer del presidente del Gobierno por haberse apropiado indebidamente de recursos públicos para impulsar sus negocios. Esta vez no se trata de ninguna información sacada de ningún ‘pseudo-medio’, ni tampoco del PP, sino una denuncia de la propia universidad, que solicita al juez que actúe ante la falta de colaboración de Begoña Gómez. 

Es gravísimo que se esté investigando si la mujer del presidente encargó a la universidad un software pagado con dinero público que luego usó para sus negocios con Barrabés, un empresario que empezó a llevarse millonadas justo después de asociarse con ella. Es un escándalo mayúsculo que se produjo a las puertas de su declaración como investigada por corrupción en el juzgado. ¿Va a amordazar también Sánchez a la universidad pública? ¿La incluirá en su ‘plan de regeneración’? 

En otro juzgado se investiga cómo es posible que el hermano de Pedro Sánchez haya incrementado su patrimonio desde que es ‘el hermanísimo’, y también cómo ocupa un puesto de trabajo al que ni acudía ni se le conocía actividad. 

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Además, el Fiscal General del Estado está al borde de la imputación por airear datos personales y privados de un particular, hechos que el propio fiscal ha reconocido como ciertos. Si el Fiscal General no dimite, será una muestra más de que lo que hizo fue por orden de la Moncloa.

Cualquier presidente de cualquier país con tradición democrática que se encontrara acechado por semejantes escándalos de corrupción, no solo en su Gobierno y su partido (caso ‘Koldo’, ‘Tito Berni’…), sino en su mismísimo entorno familiar (su mujer, su hermano), habría dimitido hace tiempo. Pero Sánchez, que si por algo se caracteriza precisamente es por su desmedido apego al poder, prefirió comparecer en el Congreso. ¿A dar explicaciones, al menos? No: a presentar una especie de ley de censura previa para imponer un único punto de vista y amordazar a la prensa libre. 

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Su ‘Plan de Acción Democrática’ ni es un Plan, ni tiene una sola acción concreta, ni mucho menos tiene nada de democrático. Sánchez no es quién para repartir licencias de medios de comunicación. Para él, el ‘buen periodismo’ es solo el que no informa sobre las corruptelas en su entorno. Lo demás, ‘fango’ de la ‘fachosfera’.

Pedro Sánchez pretendió en su comparecencia embarrar el campo y utilizar cortinas de humo para que los españoles crean que lo que se publica en los medios sobre su mujer y su hermano es mentira, y así plantear dudas sobre la veracidad de sus problemas judiciales. Pero la realidad es que la democracia española no tiene ningún problema con la regeneración, sino su partido, su Gobierno y su entorno. 

Se ha convertido en una urgencia nacional cambiar a un Gobierno cuyo presidente encarna, no precisamente la regeneración, sino la degeneración. Está a tiempo de hacer un servicio a su país y redactar su última carta: la de su dimisión. 

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