Opinión | La Feliz Gobernación

Stop en Murcia al manoseo de la Justicia

La elección de un magistrado de la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ por la Asamblea Regional exige de los partidos políticos un esfuerzo por el mayor consenso

Ilustración mazo de juez y un detonador.

Ilustración mazo de juez y un detonador. / Leonard Beard

El nombramiento ha de producirse por mayoría parlamentaria, de modo que Fernando López Miras tiene varias opciones. Una, limitarse a acordarlo con el Grupo de su socio de Gobierno, Vox. Otra, buscar el consenso de los cuatro Grupos de la cámara. Y una tercera, pactarlo con el PSOE, como ha hecho su partido en el ámbito nacional para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y es que lo que procede deriva precisamente de ese acuerdo de Estado entre los dos primeros partidos nacionales. La luz verde a la recomposición del CGPJ, largo tiempo paralizada, abre un ciclo de nuevos nombramientos en distintas escalas del tercer poder que estaban retenidos por la larga provisionalidad del gobierno de los jueces. En lo que se refiere a la Región de Murcia se habrán de producir tres movimientos clave: de un lado, la elección del magistrado de sala que corresponde proponer a la Asamblea Regional mediante una terna, y de otro la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que toca al propio CGPJ por consideración a los méritos de los aspirantes, así como el de presidente de la Audiencia Provincial, actualmente también en funciones.

Magistrado autonómico

El puesto electo de magistrado de sala está vacante desde hace unos tres años, tras la jubilación del catedrático de Derecho Civil de la UMU Enrique Quiñonero, quien había sido elegido por asentimiento (PP, PSOE e IU) en 1998. De hecho ha sido el primer y hasta ahora único miembro de la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ que ha ocupado esa plaza según el formato de designación parlamentaria. Quiñonero tuvo una actuación importante en algunos casos de supuesta corrupción, como el de Limusa, la empresa de recogida de basuras de Lorca bajo gobierno socialista, o Guardería, relativo al derribo de una escuela infantil en el barrio murciano de La Paz para facilitar la construcción de viviendas del proyecto López Rejas, y también en la rama local de la Púnica, que afectó al hoy expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez. En el horizonte próximo hay un caso que habrá de pasar por esa instancia, también de inevitable impacto político, como es el de La Sal II (parte del ‘caso desaladora’) que afecta al expresidente Ramón Luis Valcárcel.

Lo anterior es la prueba de que no se trata de un cargo testimonial, de modo que parece importante que sea cubierto por una personalidad de probado prestigio e independencia para no ser percibida como un mero apéndice del poder político. Y en ese sentido, lo ideal sería que contara con el plácet de todos los Grupos parlamentarios. Cabe deducir, por otra parte, que quien aceptara el nombramiento por una mayoría ideológica frente a sus oponentes se podría hacer un flaco favor a sí mismo al quedar estigmatizado como magistrado de parte.

Sin embargo, un ejercicio de mera intuición hace prever que no están las cosas, y sobre todo en cuestiones judiciales, como para que Podemos y Vox, sin ir más lejos, puedan coincidir en su voto. Tal vez lo que más se acerque a lo posible sea la reproducción en lo regional del pacto nacional PP-PSOE, pero esto acarrearía algún sarpullido para López Miras de parte de sus socios de Gobierno, los abascales.

La condición para participar en la terna de la que habrá de ser elegido el magistrado autonómico es su pertenencia al mundo del Derecho, con la excepción del título de juez. No podrá decirse que existen limitaciones en esta Región, donde la UMU cuenta con una de las facultades más prestigosas del país. Lo importante, a estos efectos, es que la clase política regional haga un ejercicio de contención de sus impulsos partidistas y consiga acordar un nombramiento que no siga contribuyendo al manoseo de la Justicia, que es en esta fase el pan nuestro de cada día, al menos en el ámbito naconal.

Al parecer, los partidos políticos todavía no manejan candidatos para esta responsabilidad, aunque hay quienes detectan a algunos postulantes, lo cual es lógico, dada la importancia de la función en el cúpula del sistema judicial y en una sala de tanta trascendencia como la Civil y Penal.

Prestigio e independencia

Otra novedad a que abre la puerta la reactivación por fin del CGPJ es a una posible alternativa en la presidencia del TSJ. Su actual titular, Miguel Pasqual del Rilquelme, ha doblado el periodo para el que fue elegido, pero la segunda parte del mismo consta como prórroga del primero, ya que no podía ser renovado. De su voluntad dependerá si da por cumplido su mandato, que ha ejercido con rigor y eficacia, o decide optar al segundo que formalmente le podría corresponder.

En las próximas fechas habrá, pues, novedades importante en el ámbito de la judicatura en Murcia. Y corresponde hacer una llamada preventiva para que desde aquí diéramos algún ejemplo acerca de la independendencia y el prestigio que el estamento precisa, al margen de cualquier consideración partidista a fin de aportar cordura en un momento en que la amnistía y ciertos casos de corrupción están acentuando el descrédito de la Justicia, un efecto nada inocente. Una Justicia desacreditada es el primer paso para la impunidad de los otros poderes cuando, en teoría, todos debieran ejercer entre sí como contrapoderes.

Una de las maneras de estigmatizar a los jueces consiste en señalarlos como miembros de una casta conservadora y elitista cuando las puertas de las facultades de Derecho y de la carrera judicial están abiertas para todos. En fin, a ver si esta vez los políticos en su conjunto nos dan, para variar, una buena sorpresa.

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