Emoción o razón

En estos días en España, a raíz del pacto del PSOE con Junts per Catalunya, se está produciendo una enorme riada de artículos, editoriales, declaraciones, pronunciamientos y discusiones a favor y en contra de la amnistía a los responsables que están pendientes de la justicia por su participación de un modo u otro en los hechos acontecidos en 2017 en Cataluña, que dieron lugar a la Declaración unilateral de independencia (la DUI) y la aplicación del artículo 155.1 de la Constitución del 78.

Dicho pacto no fue público hasta el pasado día nueve de noviembre y no ha sido bien explicado a la ciudadanía. Y la consecuencia de esta falta de transparencia se traduce en la circulación de toda clase de afirmaciones, a favor o en contra, cuyo grado de fundamento permanece más bien incógnito, pues el pacto está redactado en términos tales que unos creen que dice una cosa y otros, que la contraria. Ello no obsta para que los partidos del bloque de la derecha, PP y Vox, totalmente incapaces de obtener mayoría en el actual Congreso como hemos visto, estén movilizando a miles de ciudadanos en la calle. Primero, en contra de la ley de amnistía, el único compromiso que está claro en tal pacto; y ya de paso contra la formación de gobierno por Pedro Sánchez. Mientras tanto, los más de los ciudadanos estamos ‘in albis’. Porque resulta desconcertante, cuando menos, que los mismos dirigentes (ministros) que nos han repetido y gritado rotundamente infinitas veces que era imposible que tal amnistía encajase en nuestra constitución, ahora afirman orgullosos y felices que esa ley sí encaja y que va a favorecer la convivencia. Nos gustaría saber cómo encaja y cómo la va a favorecer. Es un hecho que esta amnistía es opinable, por lo que no se entiende que no expliquen unos y otros las razones y fundamentos de su respectiva opinión. Eso rebajaría la tensión social, pues las personas razonables de una y otra opinión, que las hay, tendrían de qué hablar en lugar de tirarse los trastos a la cabeza.

Dejando aparte que no todas esas movilizaciones están siendo lo pacíficas que deberían, cuando en el ámbito político institucional se producen este tipo de situaciones, suele envenenarse la convivencia cotidiana en los centros de trabajo, en las reuniones de amigos y en las familiares, como sucedió en Cataluña, recordemos los lazos amarillos. En las tiendas, en los bares, en las casas se generalizan las malas caras, los desaires, las faltas de respeto. Es la famosa polarización, que solo puede traer disgustos, a corto, a medio y a largo plazo, como están advirtiendo no pocos intelectuales y científicos sociales. Sigue bajando el nivel racional del debate político, en lugar de mejorar, cuando imperan las consignas más o menos desafortunadas y se instiga al desprecio del que opina lo contrario. Atizar los sentimientos en lugar de las razones nunca ha traído ninguna solución política.

Por un lado, la amnistía sin duda favorecerá personalmente a quienes tenían cuentas pendientes con la Justicia y ahora desaparecen sus delitos; y por otro lado tendremos un gobierno legalmente constituido en lugar de entrar en una dinámica de inestabilidad política con repetición de elecciones (¿’ad infinitum’ o hasta que la derecha lograse mayoría suficiente para gobernar?). Ahora bien, de hecho puede que haya alivio en Cataluña y que mejore allí la convivencia ciudadana al rebajarse la combatividad y el activismo independentista. Pero a cambio hay malestar en el resto de España, un malestar que puede dirigirse, de nuevo, contra los catalanes, sin distingos. Puede que la XV legislatura sea un calvario para el PSOE, pero si Feijóo y el PP no logran calmar esto (suponiendo que quieran hacerlo), muchas cenas de navidad van a ser un infierno.

Cuando nuestros dirigentes más atendidos en los medios de comunicación se dedican insultos o acusaciones recíprocas de mentir en lugar de discutir argumentando con claridad y solidez, el lío está servido. No todos los votantes tienen la formación ni el tiempo necesarios para informarse y reflexionar críticamente acerca de las posturas políticas. A menudo, ponen su confianza, literalmente, en quien les gusta más por el motivo que sea, y a partir de ahí opinan lo que su líder preferido diga que hay que opinar. De hecho, las campañas electorales están cada vez más, si cabe, dirigidas a atraer y menos a convencer, para decirlo parafraseando a Unamuno.

Con este panorama, vuelve a hacerse patente la necesidad y urgencia de que más votantes comprendan el funcionamiento del Parlamento y en qué consiste nuestra democracia representativa: usted no vota al presidente del gobierno, sino que elige a los miembros del Congreso (a todos; en listas cerradas: vota usted a los seleccionados por un determinado partido político legal) y del Senado (no a todos (artlo. 69 de la Constitución); en listas abiertas: vota usted a las personas que quiera de la lista). Y, después, son los miembros del Congreso los que eligen al presidente del gobierno por mayoría (absoluta en primera ronda (al menos la mitad más uno de los 350 votos posibles); simple en la segunda (más votos a favor que en contra)) de la cámara. Y, hecho todo esto, el Rey está obligado (artlo. 99) a nombrarlo presidente. Esto es lo legal y legítimo, nos guste más o nos guste menos.

En cuanto a promesas electorales incumplidas, no hay ninguna novedad. Si cada vez que un partido en el poder no cumple las promesas que hizo para conseguirlo armáramos la marimorena (’dictadura’, ‘traición’, ‘golpe de estado’…), no podríamos vivir. Lo cual no justifica nada, y menos aún lo que no se explica debidamente a los ciudadanos.

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