Fue un discurso incendiario, irresponsable, impropio de un presidente del Gobierno que debería serlo de todos los españoles. En lugar de transmitir un mensaje de esperanza, futuro y objetivos nuevos que cabría esperar de un debate de investidura, Sánchez se centró en enfrentar y dividir a los españoles en buenos y malos y a anunciar ‘muros’ de separación entre ellos. Jamás en 45 años de democracia se había escuchado en el Congreso palabras de semejante índole radical y sectario por parte de un candidato a la presidencia del Gobierno.
En realidad, Sánchez ha demostrado con sus propias palabras que está haciendo de su necesidad personal una humillación para todos los españoles, fomentando la división, la creación de desigualdades y el enfrentamiento. Un discurso que ha sido de oposición a la mayoría parlamentaria, autonómica y local del PP, y a una mayoría social en España que no se va a callar ni va a permanecer de brazos cruzados ante sus vergonzosas cesiones al independentismo.
Ha dejado claro, en suma, que no quiere ser presidente del Gobierno de todos los españoles y busca el frentismo y la confrontación. Y todo para justificar sus pactos con los separatistas que conllevan la quiebra del Estado de Derecho. También que, por desgracia, se va a dedicar mucho más a crispar, a enfrentar, a dividir España, que a unirla e intentar conquistar el futuro.
Respecto a sus referencias a la Región de Murcia, ha sido realmente lamentable: solo la ha mencionado una vez, y para mentir. Ni una sola palabra sobre asuntos de calado como el problema del agua, el Mar Menor o las infraestructuras, y tan solo una vacía referencia a la financiación autonómica. En realidad, no ha abordado ninguna de las cuestiones que importan a la mitad de España, y cuando ha nombrado a las comunidades autónomas que no son Cataluña ha sido para insultar y difamar a los presidentes autonómicos del PP.
Sus apelaciones al interés general de España para justificar la ley de amnistía han sido otra monumental farsa del investido presidente. Es una ley infame, que le viene bien a él y a ciertos delincuentes, en concreto aquellos que tendrían que estar en la cárcel y, sin embargo, van a llegar a España de rositas. La amnistía y todos los acuerdos que ha firmado Sánchez con los independentistas de Junts y ERC atentan contra la separación de poderes y el Estado de derecho, y los asume únicamente para saciar su desmedida ambición personal.
Gracias a una reedición de la coalición ‘Frankenstein’, que ha contado ahora con la incorporación de un prófugo de la Justicia, del debate de investidura ha salido elegido un presidente intervenido por el independentismo, que permanecerá en la Moncloa durante el tiempo que quiera el independentismo.
Porque durante el debate de investidura también se ha podido apreciar que Sánchez está en manos de aquellos que quieren, no solo una ley de amnistía, sino además un reconocimiento como nación distinta a la española y un referéndum de autodeterminación. Y que han amenazado con hacer peligrar la legislatura si no se cumplen sus demandas. Las vergonzosas cesiones al chantaje secesionista por parte de Sánchez darán lugar a que las decisiones políticas más trascendentales no se tomen en la sede de la soberanía nacional, sino fuera de España.
Con su respaldo a la investidura de Pedro Sánchez, los 121 diputados del PSOE han dicho ‘sí’ a la amnistía, a la ilegalidad, a la desigualdad, al chantaje y a la infamia. Entre ellos, los diputados socialistas de la Región de Murcia, que tendrían que explicar por qué anteponen los intereses de Pedro Sánchez a los de los ciudadanos de la Región; por qué apoyan a un presidente que no ha asumido ni un solo compromiso con los problemas de la Región.
Tendrán que dar cuenta también de por qué votan a un presidente que no tiene ninguna credibilidad y que miente sin pudor y sin complejo; y que ha comprado todos los votos para su investidura, que nace de un fraude masivo a los ciudadanos.
Sánchez ha superado todos los límites legales, políticos y morales con los acuerdos alcanzados para llegar a ser presidente. El Gobierno que ha salido de esta investidura es, por supuesto, formalmente legítimo, dado que ha sido elegido por los cauces democráticos legalmente establecidos, pero carece de la legitimidad política y moral que necesita un Gobierno para poder mirar a la cara a los ciudadanos.
Ante un ataque sin precedentes al Estado de Derecho liderado por un presidente cegado por el poder, las alertas democráticas están encendidas. Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando por nuestro país y para devolver la cordura a nuestra vida política. Vamos a dar la batalla política, social y jurídica para defender la convivencia, el imperio de la ley y la Constitución, garante de los derechos, la libertad y la igualdad de los ciudadanos de la Región y de todos los españoles.
