"Sea quien sea, caiga quien caiga, cueste lo que cueste y pese a quien pese esto se va a aclara". Son palabras del alcalde de Murcia, José Ballesta, dichas en caliente el pasado domingo en la misma comparecencia ante la prensa en que afirmaba que se desconocían las causas del incendio fatal en las discotecas de Atalayas. Pero tan rotunda era su determinación que nos hizo sospechar que sabía más de lo que decía, ya que son expresiones que no suelen utilizarse cuando se producen accidentes fortuitos.
Ahora sabemos que la responsabilidad es del Ayuntamiento que preside, que no concedió licencia a la reformulación del local que la tenía, Teatre, en dos espacios diferenciados, uno de ellos, La Fonda, «administrativamente inexistente». Pese a esto, según la propia versión municipal, los propietarios siguieron abriendo incluso después de que en octubre de 2022, hace ahora un año, recibieran la orden de clausura.
Es obvia la negligencia de la propiedad al desobedecer a la autoridad pública, pero esto sólo puede ser consecuencia de que el Ayuntamiento viniera incumpliendo su obligación de vigilancia e inspección. ¿Cómo entender que los inspectores no ejecutaran el cierre si el Teatre seguía abierto y junto a él aparecía un rótulo nuevo no registrado, publicitando ambos sus convocatorias, incluso para fiestas de menores de edad, en carteles y a través de las redes? ¿Acaso las rondas de la Policía Local por la zona durante los fines de semana no adviertían lo que pasaba cuando precisamente su presencia allí se producía, en gran parte, para la seguridad de los clientes de ambas discotecas?
Caiga quien caiga, sea quien sea, cueste lo que cueste, pese a quien pese, dice Ballesta. Pues debería empezar por casa. Parece, por lo dicho ayer por el concejal de Urbanismo, Navarro Corchón, que se proponen esperar a una resolución judicial, obviando las claras responsabilidades políticas por el inexistente control del cumplimiento de las decisiones administrativas. El Ayuntamiento anuncia que se va a personar en la causa, lo que parece loable, pero hay antecedentes como con el caso Umbra en tiempos del alcalde Cámara, en que lo hizo más para defenderse que para acusar. Nada nos garantiza que ahora no pudiera ocurrir lo mismo.
Aparte de que la trayectoria del propio Ballesta, a pesar de su proclamación, no es muy proclive al ‘caiga quien caiga’. Intentó proteger al concejal Roque Ortiz después de que éste hiciera, en su misma presencia, una exhibición de clientelismo político con las empresas concesionarias, y mantuvo hasta que pudo durante su anterior mandato a otro concejal, Felipe Coello, a pesar de que éste admitió que se había vacunado al principio de la pandemia fuera de su turno. ¿Caiga quien caiga? Según quién.
La emocional resolución de Ballesta tendría más credibilidad si ayer hubiera dimitido el concejal de Urbanismo por su responsabilidad política ‘in vigilando’, del mismo modo que correspondería a su antecesor, el socialista Andrés Guerrero, la renuncia de su acta por el mismo motivo. Consecuencias políticas, primero, y después ya veremos lo que dice la Justicia.
