Hay cosas de las que no se habla, y mientras no se hable de ellas, ahí se quedan. Pero cuando entran en la conversación ya no se van. El debate sobre la independencia de Cataluña, apenas camuflado como demanda de amnistía y referéndum, ha llegado para quedarse, siquiera como una posibilidad virtual, y esto arrastra a una profunda crisis a todas las fuerzas políticas, que quedan descolocadas de sus objetivos. Da igual las que, como el PSOE, crean que pueden sofocar el reclamo mediante el espolvoreo de granos de alpiste con que ralentizar la utopía nacionalista, o como el PP, que se veta a sí mismo incluso para el diálogo, algo así como si cerrando los ojos ante la embestida de la fiera ésta renunciara a morder.
Tanto en el PSOE como en el PP es muy perceptibe la existencia de dos alas con criterios distintos para afrontar la situación, y no es para menos porque el órdago es de aúpa: afecta a la misma médula de la Constitución. En el primero no es sólo la ‘vieja guardia’ la que sufre vértigo; incluso los dirigentes que más confían en las habilidades de brujo de Pedro Sánchez para salir de toda emboscada tienen que atender a las señales de alarma que les llegan desde la retaguardia militante o simpatizante. En el PP, el propio Núñez Feijóo, a quien se le han visto intenciones y gestos para intentar hilar fino, ha sido arrastrado por la fuerza de las erinias internas de su partido a un punto de no retorno que no le deja más posibilidad para ser presidente en el futuro que mediante la Gran Coalición, y esto en el supuesto de que Sánchez caiga antes que él. Porque aquí va a caer gente.
Pudiera parecer que en este debate se dirime la sacrosanta unidad nacional. En realidad, se trata de estrategias particulares de cada partido para mantenerse en el poder o acceder a él a costa de apelarla. Dado que los nacionalistas son conscientes de los límites, en realidad no trabajan tanto para aprovechar su condición de bisagra y avanzar en su imaginario, que también, sino para no servir de pretexto a los intereses respectivos de los grandes partidos de ámbito estatal, es decir, para no ser los tontos útiles con que PSOE y PP, con sus distintas posiciones, recuperen electorado.
La paradoja es que, mal que bien y no sin polémicas razonables derivadas de sus medidas arriesgadas, el PSOE había conseguido amansar en Cataluña el impulso independentista, lo que quedó bien visible en el último resultado electoral en ese territorio, con un incremento significativo del apoyo a los socialistas y una disminución espectacular de ERC y Junts más la neutralización de las CUP. La convocatoria de la última Diada, tenida por fracasada respecto a las celebraciones de años anteriores, abunda en la decadencia de la transversalidad social del independentismo y expone a las claras que la calle no va acompasada del hiperbólico discurso de los partidos autóctonos. Esta percepción relaja mucho las cosas, a no ser que la reactivación de políticas de confrontación ponga de nuevo en marcha la máquina de fabricar independentistas.
El problema para el PSOE es que no se trata ya de administrar concesiones. Al fin y al cabo, es lo que han venido haciendo los Gobiernos socialistas y populares desde la Transición:el llamado procés se denomina así porque consiste en ir arrancando competencias al Estado hasta cuadrarle las patas delanteras para lanzarle la estocada. Pero ahora las exigencias políticas del independentismo tocan una fibra tan sensible que podría considerarse como la culminación de ese procés. Más allá de lo que piden no hay nada más que ofrecer, porque ya, sencillamente, no estarían ahí.
El PP, por su parte, sufre una contradicción insoluble: no quieren que se rompa España, pero España ha roto al PP. Se trata de un partido que defiende la integración de Cataluña y el País Vasco, pero carece de representación sustantiva en ambas autonomías. Catalanes y vascos, más allá de los nacionalistas, han puesto coto al PP, de modo que éste se ve obligado a intentar una mayoría absoluta en España sin el concurso de esos territorios, intento más que complicado, sobre todo porque proyecta la impresión de que suma votos fuera de ellos precisamente porque se opone a ellos. Quiere ganar votos para sujetar a Cataluña sin contar con Cataluña. Y así se prorrogan las antipatías, y con ellas la imposibilidad de avanzar hacia una neta mayoría. Feijóo ha intentado tímidamente reformular esa relación, pero entre Ayuso y Aznar lo han conducido a la pancarta de hoy en las calles de Madrid.
Muchos socialistas todavía sospechan que la audacia de Sánchez no llegará al «sí a todo» lo que reclaman los independentistas, sino que tratará de ganarlos con la idea de «lo intento, pero no se puede» a fin de obtener su apoyo mediante concesiones limitadas o al ya te veré, y si no se cobra el éxito todavía le quedaría la carta de la repetición electoral con el argumento de la intratabilidad de los de Puigdemont, con lo que el PPquedaría desmentido en su pronóstico de que nos adentramos en una crisis terminal del Estado. Hay que tener en cuenta, además, que al difícil encaje de las demandas extremas de Junts se añade la complicada estabilidad interna de Sumar, donde Podemos, una vez que ha sido salvado en esa patera, pretende sobrevivir con independencia institucional a pesar de carecer de arraigo electoral. Aun quedando resuelto lo de Junts, todavía el PSOE tendría que mirar por el retrovisor para apaciguar las aguas turbulentas en Sumar. Si el precio consistiera en mantener a Irene Montero en Igualdad, lo de la amnistía sería calderilla.
Volveré al principio para ubicarnos ahora, a propósito de todo esto, en la Región de Murcia. Habíamos quedado en que cuando un asunto que parecía dormido se impone sobre la mesa no hay vuelta atrás. La cuestión catalana ha regresado para quedarse, y el PP, a pesar de la escenificación de su inflexibilidad, tendrá que considerarla y mancharse en ella, como en su día hizo Rajoy (orador en el mitin de hoy) al delegar a Soraya y a su bolso humanoide en Cataluña como interlocutora permanente de Junqueras.
El PP murciano ha contratado, en una oportunísima acción metafórica, los autobuses que su Gobierno no encuentra para el transporte escolar a fin de nutrir hoy en Madrid a la cla de Feijóo, candidato a la investidura el próximo martes y adelantado opositor callejero a la de Sánchez que vendrá después. Pero López Miras y los suyos llegan tarde en ese viaje.
Y es que la cuestión catalana, se resuelva como se resuelva en este trance, va a afectar al conjunto de las autonomías, pues no cabe suponer que una Comunidad progrese en competencias, financiación o condonación de la deuda a costa de las otras. A la Región de Murcia le quedaría el pataleo o la esperanza de un reparto gracioso. Protestar porque Cataluña fuerce las tuercas a cada oportunidad que se le presenta es un recurso vano si a la vez no se han hecho los deberes en la casa propia.
Me refiero, claro, a la reforma del Estatuto de Autonomía, a la que se procedió brillantemente y por extraodinario consenso al final de la novena legislatura, antes de que la Asamblea Regional sufriera en la siguiente la lacra de los tránsfugas y la correspondiente degradación política e institucional. El nuevo Estatuto no fue finalmente aprobado en el Congreso porque el PP lo retiró antes de su votación, y hay que aceptar que no sin razón, pues el PSOE pretendió aprovechar su mayoría parlamentaria para intentar modificar algunos artículos, después de haber firmado en Cartagena el acuerdo global.
Pero una cosa es que la reforma sufriera ese tropiezo y otra que se haya abandonado sin excusas, como si aquel esfuerzo hubiera sido innecesario. En la anterior legislatura, con los trepatrans de Ciudadanos y los expulsados de Vox por enmedio no se prestaban las circunstancias para reintentar poner al día una ley orgánica de esa trascendencia, pero la cuestión ha desaparecido de los programas políticos y de las prioridades de acción de unos y de otros una vez normalizada la representación ciudadana.
Una oportunidad perdida, pues el consenso de la Novena, que dio lugar a un Estatuto avanzado con el acuerdo de PP y PSOE, así como de los genuinos Ciudadanos y Podemos, será dificil de repetir en el actual contexto, cuando el tercer partido de la Asamblea es Vox, refractario a las autonomías y, por tanto, a cualquier avance para su consolidación, y el cuarto, Podemos, sería incapaz de poner su firma junto al anterior aunque éste modulara sus posiciones.
Así es como el partido que gobierna la Región de Murcia, con un Estatuto desactualizado respecto a los avances en los del resto de las Comunidades, queda resignado a fletar autobuses a Madrid para protestar porque Cataluña pudiera sacar partido de la investidura de un candidato a la misma que aún no ha sido nominado y antes de que fracase la de quien tiene la encomienda de obtener los apoyos para que esa posibilidad resultara imposible.
Y todo esto después de lo que Aznar y Rajoy, mitineros de hoy, han primado a Cataluña por lo mismo de lo que acusan a Sánchez, es decir, por querer ser, y acabar siendo, presidentes del Gobierno. Por cierto, lo mismo que tendrá que acabar haciendo Feijóo, más tarde o más temprano, si pretende lo mismo. Y entonces ¿contra quién mandará sus autobuses el PP murciano?
