No parece de recibo señalar, a estas alturas del curso escolar, a las empresas de transporte de alumnos y a su legítimo derecho de no querer trabajar más tiempo en precario, sin garantías que les permitan acometer sus inversiones y cubrir los costes mínimos necesarios para poner en circulación los vehículos y pagar según convenio a sus empleados. Claro que las reivindicaciones de este sector son ecónomicas. Lo son, no para ganar más dinero, sino para no perderlo.
Sorprende que la Comunidad se haya dado de bruces con este problema en el arranque del curso escolar cuando está señalado como estructural: el servicio está atado con palos y cañicas y eran ya muchos los avisos que venían anunciando su insostenibilidad. ¿No ha habido tiempo en los dos meses de parón institucional para prever el estallido de este conflicto? Dice el presidente que el consejero de Educación trabaja día y noche para resolverlo, pero ¿desde cuándo lo está haciendo? Y en cualquier caso ¿con qué eficacia?
Poner en marcha el curso escolar no es tarea fácil, lo sabemos, y es normal que siempre surja algún desajuste o alguna disfunción localizada. Pero el sistema no puede permitirse situaciones como la que se está sufriendo, y todavía sin visos de solución. La impresión es que se va al día en la gestión de los asuntos esenciales y cuando las imprevisiones quedan al descubierto se acude a los parches o se recrimina implícitamente a las adjudicatarias sus demandas económicas, como si se tratara de oenegés que tuvieran que hacer un trabajo público a mayor gloria de un Gobierno que dice defender tanto la educación como a las empresas.
Van a cumplirse quince días desde la investidura del presidente y todavía, a estas horas, no se ha celebrado un Consejo de Gobierno ordinario, porque se han hecho un lío con el encaje de las competencias y tal vez con los nombramientos del segundo escalón. Y todo parece seguir en funciones, es decir, sin funcionar.
