Otra cosa no, pero hay que reconocer que ni los populares ni Vox engañan a los electores. No creen en lo público, y, por lo tanto, es lógico que en el acuerdo firmado las políticas públicas brillen por su ausencia. Como diría Rato: «Es el mercado, amigos».
La única referencia que hacen de lo público es cuando en su punto 17 dicen: «Creemos en una sanidad pública, universal y gratuita», para, renglón seguido, artículo 18, dejar negro sobre blanco «Elaboraremos un plan sanitario que asegure una atención ágil y de calidad en todo el territorio y ofrezca incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales. Aumentaremos el número de profesionales sanitarios», la palabra ‘público’ ya ha desaparecido.
En materia de violencia, ni una palabra de inversión pública: «Promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores.
Al igual que sobre el sistema público de residencias para personas mayores, su apuesta es: «Apoyar a los mayores será un eje fundamental de la política social del Gobierno de la Región de Murcia, con programas para combatir la soledad no deseada, aumentando el número de plazas residenciales».
En cuanto a Vivienda y Educación, puntos 10 y 11 del acuerdo, simplemente las políticas públicas no existen, y, por lo tanto, como bien dicen: «Pondremos en marcha políticas de vivienda que fomenten el aumento de la oferta tanto de nuevas viviendas como de rehabilitación del parque existente, eso sí, promoviendo exenciones fiscales ayudas a los jóvenes y familias numerosas».
En cuanto a la educación, mejor correr un estúpido velo, ya que en los tres puntos que se habla del acuerdo en materia educativa (11 al 13), no aparece ni una sola vez ‘educación pública’, ni tan siquiera cuando se habla de la educación de 0 a 3 años. Eso sí, otra vez dejan claro: «Garantizaremos la libre elección de centro y la Consejería de Educación garantizará la neutralidad ideológica del currículo escolar».
En lo único que han firmado que van a pivotar las políticas públicas es en el artículo 7: «Situaremos a las familias en el centro de las políticas públicas, impulsando una Ley de protección integral de las familias que reconozca y ampare la trascendencia de la familia».
Ni una palabra de políticas activas de empleo públicas, ni una referencia al desmantelamiento del SEF, nada de inversiones en el IMAS, ni siquiera un punto y seguido a la privatización de Medio Ambiente, por no tener ni los trabajadores temporales del IMIDA han sido agraciados con un paréntesis cuando hablan en su punto ‘number one’ que somos la despensa de Europa.
Pero, sin duda, llama la atención que el acuerdo entre ambos partidos no haya hecho la más mínima referencia, tan siquiera, al verdadero motor de la Administración Pública regional que van a dirigir: los cerca de sesenta mil empleados y empleadas públicas que lo configuran, por lo que, si de sus trabajadores no han escrito nada, de los temporales (interinos) me temo que ni se han acordado.
El acuerdo es la prueba del algodón, y el futuro de los servicios públicos no está ni limpio ni claro.
