Ya es un tópico que, a la vuelta de vacaciones, más de lo mismo. Ni los juzgados se van a poner al día, como tampoco el malestar entre los ciudadanos y los profesionales del Derecho, va a cesar en este nuevo año judicial que hoy comienza. El discurso del jefe del Estado cuando lo inaugure oficialmente, ni el del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco el de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia cuando lo hagan, en sus respectivas comunidades autónomas, va a diferir mucho, de lo que año tras año vamos conociendo. Eso sí, espero con impaciencia lo que vaya a decir el fiscal general del Estado en su intervención, vistas sus últimas actuaciones, en la ley ‘sí solo es sí’, en la inmunidad de Puigdemont, y en el recuento de votos de las últimas elecciones generales. Espero y deseo, reivindique la independencia de la Fiscalía General del Estado en relación con el gobierno de turno. Para lo cual sería preciso una modificación de su Estatuto.
La justicia es la cenicienta de las inversiones y de las atenciones por el poder político que tiene que invertir en su ágil funcionamiento. Como recordarán, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y los funcionarios de ésta. O sea, todos, han hecho huelga a lo largo del anterior año. Se desconvocó bajo documentos que signaban una subida salarial, que sin embargo aún no se ha reflejado en las nóminas de ninguno de ellos. Es el Consejo de Ministros el que tiene que refrendarlo, y todavía no se ha llevado en un orden del día para su aprobación. Todo llegará, supongo, y ojalá sea más pronto que tarde, aunque con el lío de la formación de un nuevo gobierno, vaya usted a saber para cuándo. De lo contario, otra huelga no la aguantaría la maltrecha justicia, ni los ciudadanos (500.000 asuntos pendientes) que esperan que se les atienda convenientemente, ni los profesionales que están viendo cómo se reducen considerablemente sus ingresos de sus respectivos despachos, teniendo algunos incluso que plantear ERE, gracias a la eternamente preterida y ninguneada Justicia.
Por otra parte, y es un ejemplo más de ello, el Consejo General del Poder Judicial sigue sin ser renovado. Las posturas se mantienen incólumes. El PP quiere que se cambie la forma de designar sus vocales, en tanto que el PSOE proclama que siga la cosa como está, o sea que intervengan los partidos políticos en su designación. Ni unos ni otros dan su brazo a torcer. Con lo hábiles que son para pactar, ofreciendo incluso lo increíble, con la finalidad de gobernar. Claro, que el día que la justicia de votos, y como siga la cosa así, no va a tardar mucho en que suceda -ya que el votante va a darse cuenta de la necesidad de su buen funcionamiento para que exista el Estado de Derecho-, entonces, seguro que pactan para renovar ese Consejo, para reformar leyes procesales que agilicen el sistema judicial, y para dar fondos económicos, con la finalidad -como ahora se dice- que los operadores jurídicos puedan desempeñar eficientemente su cometido. Más medios humanos y materiales, con el peso que tiene en todo ello la informática, deberán potenciarse si se quiere que el pretendido papel ‘cero’ llegue definitivamente a nuestros tribunales, y que el insostenible atasco se diluya. Lo dice el jefe del Estado, los operadores jurídicos, y los ciudadanos. A qué esperamos.
Ignoro si cuando estas letras lleguen a sus pupilas, -pues de un momento a otro tendrá que haber una salida-, ya tenemos un gobierno general en España, con o sin pactos (a ser posible en este segundo caso, que no sean infumables), y también un gobierno en nuestra querida Región. También ignoro en este momento si los murcianos votaremos en unas nuevas elecciones, con el gasto que ello conlleva. Y, por supuesto, tampoco sé quién saldrá beneficiado si se vota otra vez. Si la derecha, o la derecha de la derecha. O, si la izquierda, o la izquierda de la izquierda. Lo único cierto es que las mismas Juntas Electorales, por tercera vez en poco tiempo, tendrán que afrontar unas nuevas elecciones. Y no olvidemos que las presiden y dirigen jueces, motivo nuevamente para que se atienda a sus peticiones de inversiones.
