En espera de que PP y Vox se pongan finalmente de acuerdo en qué consejería ocupará Antelo, o quien Abascal designe, hagamos repaso de algunas cuestiones del día a día de las que el gobierno regional, siendo su competencia, no se ocupa.
Es el caso de la gestión de las múltiples ayudas provenientes de los multimillonarios fondos europeos Next Generation que llegan a las CCAA a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aquellos que, Casado primero y Feijóo después, se empeñaron en boicotear ante la Comisión Europea en sucesivas visitas a Bruselas.
Dicha gestión, que corresponde a los ejecutivos autonómicos, es, en el caso de la CARM, ineficaz, inútil, inoperante y estéril. Así, por ejemplo, ocurre con las ayudas del programa MOVES (I, II y III) que incentiva la electrificación de la movilidad fomentando la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de recarga. La Consejería de Empresa, Empleo y Universidades, encargada de su gestión, solo ha resuelto obligaciones de pago por valor de 360.973€ (4,15%) y pagado, efectivamente, 253.973€, el 2,9% de un total de 8,6 millones disponibles entre 2019 y 2022. (Fuentes: Cuenta General CARM, portal de Transparencia: ejecución y control presupuestario).
Pero, es más, para 2023, López Miras cuenta con un presupuesto inicial de 4,2 millones incrementado hasta los 14,3 millones por la ampliación de la dotación del programa MOVES III que realizó el gobierno central a finales del año pasado; presupuesto del que durante los seis primeros meses del año el gobierno regional no ha ejecutado ni un euro y, a la vista de los antecedentes, me temo que los seis siguientes no serán mejores.
Los perjudicados de esta incompetencia política (que no administrativa) van desde el propio sector público estatal, autonómico y, sobre todo, local, a las Universidades Públicas, las propias empresas y los/as particulares y entidades sin fines de lucro y, en general, la sociedad murciana, que no termina de coger el tren de la transición energética en materia de movilidad en un momento de disponibilidad de recursos para ello.
En fin, seguro que de estas cuestiones y de cómo reforzar la plantilla administrativa que gestiona estos fondos o de la necesidad de un gobierno regional que se comprometa a la ejecución del 100% de los mismos (que no dejan de ser una inyección directa a la economía regional) no estáis hablando, José Ángel y Fernando. Deberíais.
