Se acaba otro año judicial. Agosto es inhábil, salvo para cuestiones urgentes y que no permiten demora: presos, familia, personas vulnerables… Y en septiembre empieza otro año más, con la esperanza de que sea mejor que el pasado. Lo cual no es nada difícil, si se tiene presente que, gracias a la huelga, primero de los letrados de la Administración de justicia, después de los jueces y magistrados, y por último, la de los funcionarios de justicia, peor no puede ser. El atraso, ya legendario, que padece la justicia española se ha visto incrementado con la consiguiente desesperación del ciudadano, que solamente quiere que se haga justicia con sus pretensiones, que para eso paga sus impuestos y exige un servicio público eficaz. Por cierto, los compromisos aceptados por los huelguistas y el Ministerio de Justicia, al parecer, no ha sido cumplido por este. Espero que no sea un engaño, y tampoco un cambio de opinión, que ya no sería de sabios, sino de incumplidores contractuales, por ser suave. Dicen las asociaciones de jueces y fiscales, en un comunicado del día 14 de este mes que, en el marco de la Ley 15/2003 del 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de ambas carreras, se alcanzó un acuerdo con el Gobierno en materia de retribuciones, suscrito el 23 de mayo, donde se comprometía el secretario de Estado de Justicia a que el Consejo de Ministros lo aprobara, lo que aún no ha sucedido.
En mi pasado artículo, repasaba las principales propuestas del PP y del PSOE en materia de justicia. Y, como estas elecciones generales las ha ganado el PP, pero puede ser que gobierne el PSOE, -pues la democracia (soberanía del pueblo) permite que se pasen por el forro de sus pactos la decisión del mismo-, recuerdo sus propuestas, que coinciden en lo esencial, como es la digitalización de la justicia, la reforma del derecho de defensa y del turno de oficio, la necesidad de más jueces, y la agilización del proceso penal. Y discrepan, por ejemplo, en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial: PP, que elijan los jueces, y PSOE, que lo hagan los partidos políticos. Un estatuto para las personas desaparecidas (PP), y una carta de derechos de los ciudadanos (PSOE), son sus propuestas más especiales. Seguiremos la pista de estos compromisos.
Ojalá que el plan de choque que se realice sirva para paliar los efectos de una abandonada justicia endémicamente en España, y que sea verdad que las reformas de las leyes procesales anunciadas sirvan para agilizar la justicia, además de la modificación prometida del Código Penal si gobernara el PP, para ciertos delitos suprimidos o rebajados en su penalidad por el anterior Gobierno. Es decir, que se abandone el código penal de autor, para que sea, como siempre, un código que regule la materia delictiva, independientemente de quién cometa el delito. Finalmente, si viéramos que Europa hace caso al juez Llarena y respeta al Poder Judicial español, detiene y pone a disposición de nuestra justicia al fugitivo (en busca y captura) Puigdemont, ya sería un buen inicio de un nuevo año judicial. Lo demencial, y el colmo del despropósito, es que el partido de un huido de la justicia sea quien decida el gobierno de España. «Cosas veredes y tenedes», por muy vergonzosas que sean. O como diría Sabina, «que el ser cobarde no valga la pena».
El 31 de enero de 2023, el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, ya jubilado, le decía al rey, con ocasión de la entrega de despachos a la promoción 71 de la carrera judicial por oposición libre, y la 22 del cuarto turno, que la función de la judicatura consiste básicamente en ayudar a la ciudadanía a convivir en libertad, proporcionándole una garantía de protección de sus derechos, de sus propiedades y de sus relaciones, tanto familiares como laborales. Son dos los elementos inherentes a la judicatura: su independencia e imparcialidad, y el sentido del servicio público. Y dijo algo que suscribo plenamente, y es que, además de que las resoluciones judiciales sean muy motivadas e impecables técnicamente, deben ir precedidas por un trato exquisito y respetuoso con los justiciables y los operadores jurídicos.
Y añado yo, como el nuevo legislativo no se tome en serio esto de la Justicia, legislando pronto y bien, y el ejecutivo la tenga en cuenta en sus presupuestos económicos de forma adecuada, nada de sus buenas intenciones se cumplirán.
