La Opinión de Murcia

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Joaquín Ángel de Domingo

La balanza inmóvil

Joaquín Ángel de Domingo Martínez

Magistrado

Libertad de fórmulas

Ahora que por fin, y gracias a Dios, ha acabado Sálvame, el cotilleo seguirá existiendo, pero de una manera ordenada, jocosa y educada. Al menos eso espero de los programas que lo sustituyan. Y es que la libertad de expresión y el derecho a la información, aunque no lo parezca, gracias muchas veces a las resoluciones europeas y de nuestro Tribunal Constitucional, deben tener sus límites. Siempre se ha sabido que la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro (principio de derecho natural). O, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti (Biblia). Pero, si eres tan malo que disfrutas con la desdicha ajena, y antepones el dinero al daño personal que puedas hacer, como dirían los modernos, «háztelo mirar». La quema de fotos con la cara de su majestad, el rey ‘desmérito’, en plena urbe barcelonesa, según Europa, era libertad de expresión. Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional, imagino que, siguiendo esa doctrina aperturista, acaba de sentenciar que se puede decir lo que se quiera, más o menos, cuando se jura o promete la Constitución. Eso de, «Juro (o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo…con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado», puede ser sustituido por: «Prometo por el 1 de octubre (hecho delictivo firme) y el pueblo catalán», o «Lo hago por la libertad de los presos y exiliados» (da igual que hayan infringido la ley), o «Por la república catalana» (a pesar que en España la Constitución diga que estamos ante una Monarquía Parlamentaria).

En un principio, antes que empezara este carrusel de fórmulas inventadas, los diputados del PP, PSOE y Ciudadanos (qué pena de partido), se limitaban en su caso, a decir «Sí juro» o «Sí prometo». Vox añadió «Por España». El PNV, «Por imperativo legal», Pablo Iglesias «Por la democracia, por los derechos sociales y por España». Hasta aquí todo bien, pero llegó la coalición Junts per Catalunya, y añadió al imperativo legal «Con lealtad al mandato democrático del 1-O y al pueblo de Catalunya». Los Jordis (Sánchez y Turrull): «Desde el compromiso con el diálogo (que ellos no tuvieron por cierto, nota del autor) y la lealtad al mandato del 1-O, como preso político». Y el bueno de Oriol Junqueras: «Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal». Pues bien, todas estas fórmulas, ha dicho el Tribunal Constitucional, son tan válidas como jurar por el trasvase Tajo-Segura - por ejemplo- y los productos de nuestra huerta, o porque la sociedad sea como yo quiero que sea, y si no lo es, no cumpliré la ley.

Claro que, no todos los Magistrados/as (ignoro si también hay ‘magistrades’), están de acuerdo con esta barra libre de fórmulas. Tres de ellos han emitido un voto particular para señalar que la Constitución hay que tomársela en serio. Apuntan que: «es legítimo propugnar un cambio a través de los cauces de reforma constitucional previstos, pero lo que no cabe es estar y no estar a la vez en el marco creado por la misma Constitución, a la que se desprecia, y en la que no se cree por quienes se han manifestado en aquellos términos, sacando, sin embargo, derechos y prerrogativas de un cargo que ejercitan». Más claro no se puede decir. No sé si estar de acuerdo con esta minoría, es ser demasiado formalista por mi parte, -quizás imbuido por años de toga y venias-, o simplemente es que me gusta que se cumpla la ley, más si se trata de la suprema. 

El caso es, que estoy más de acuerdo con este trío de juristas (dos hombres y una mujer) que con la mayoría de los componentes de ese Tribunal, que pueden estar dando carta blanca, a cobrar dinero y representar a la democracia, a pesar de que no crean en aquellas normas jurídicas que no son de su agrado, adaptándolas a su exclusiva conveniencia. Y eso, independientemente que después llegue el indulto, o lo que es peor, la derogación de los delitos que ellos llaman «políticos», pues todos los delitos lo serían. Por ejemplo, el que atraca un banco es un delito político, porque va contra el capitalismo. El que estafa, es su forma de hacer justicia consigo mismo. O el que defrauda, es para ser políticamente correcto con las minorías antisistema.

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