Venezuela y el descrédito institucional

La crisis humanitaria en Venezuela se ha manifestado en los últimos años en distintos aspectos, a los que hay que sumar la covid-19, que ha saturado los servicios de salud en el país. Al margen de esto, distintas organizaciones internacionales vienen denunciado los asesinatos, detenciones y desapariciones de líderes políticos, periodistas y activistas de Derechos Humanos en el país, coartando la libertad de expresión a costa de la vida y libertad de muchas personas. 

La razón de ser de los Estados es resguardar el bienestar de sus ciudadanos, propiciando las condiciones idóneas para que todas las personas puedan vivir en paz. Al igual que en toda Latinoamérica, Venezuela cuenta con su sistema legal y político, el cual se ha visto manipulado y cooptado por parte de la élite política del país, permitiendo que se mantenga la impunidad sobre los hechos descritos. Esto ha derivado en una degradación del Estado venezolano, donde el Gobierno pasa por encima de sus propias leyes y convenios internacionales, irrespetando la dignidad humana y conformando una realidad social en la que las personas deben escoger entre huir o luchar por su supervivencia y la de sus familias. 

Una de las consecuencias de esta crisis política y social es la inmigración de miles de venezolanos a sus países vecinos y no vecinos, tales como Estados Unidos y España, siendo este el principal indicador que brinda una idea acerca de lo grave que es la situación interna del país. El estudio de los fenómenos sociales en toda América Latina pone de manifiesto las migraciones masivas que se han producido en los últimos años, principalmente hacia el norte del continente, con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida, huir de las crisis sociales y los factores que atentan contra el trabajo digno y la dignidad humana. 

Venezuela es una pieza importante dentro de lo que se puede denominar el ‘rompecabezas’ de las relaciones internacionales, siendo un país que forma parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se trata de un país que está en vías de desarrollo y que presenta condiciones muy favorables para el crecimiento económico y el bienestar en general. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) son casos de legislación claros que los países miembros deben de garantizar a la ciudadanía. 

Conociendo esto, el Gobierno y su cúpula, de acuerdo con informes de Organizaciones no gubernamentales, tales como la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, relacionados con la salud, la libre expresión y los Derechos Humanos, han irrespetado todas estas leyes que han suscrito durante años.

Venezuela atraviesa múltiples crisis en distintas áreas: crisis económica, crisis educativa, crisis social y crisis política, entre otras. CNN (2021) señala que, de acuerdo con la encuesta Encovi, al menos un 94% de la población en Venezuela se encuentra dentro del espectro de la pobreza, además se registra que al menos un 76% de los ciudadanos se encuentran en condiciones de pobreza extrema. 

El acceso a la educación parece posible solo para un sector minúsculo de la población, de acuerdo con el alto nivel de personas que se hallan en situación de pobreza y extrema pobreza. La encuesta Encovi apunta que durante el ciclo escolar 2020-2021, los centros educativos estuvieron cerrados y no existió un plan de reactivación o de contingencia, siendo un golpe muy fuerte para la población educativa. Por otra parte, el 77% de las personas que están entre los 18-24 años y que se encuentran en situación de pobreza, no tienen acceso al sistema educativo superior; un porcentaje que se eleva hasta el 85%, en el caso de jóvenes que viven en situación de extrema pobreza. 

A la luz de todo lo anterior, la problemática de Venezuela podía entenderse como la de un ‘estado anómico’. Según la definición de Sampó (2016) esto es, un estado incapaz de ofrecer un ejercicio efectivo de la soberanía nacional y de respetar la división de poderes. El tamaño de un país unido a su incapacidad institucional para llegar a todos esos lugares con servicios es una de las principales características de los estados anómicos. 

Cuando las personas dejan de ser el centro dentro de un Estado, este, poco a poco, va perdiendo legitimidad dentro del imaginario de la ciudadanía. La alta debilidad institucional conlleva la pérdida de confianza en las instituciones. En este sentido, destacan las conclusiones del ‘Latinobarómetro’ (2020), que evidencian que el Gobierno de Venezuela es unos de los que menor aprobación obtienen dentro del imaginario colectivo. 

Naciones Unidas ha centrado la discusión sobre Venezuela en torno a cómo se ha violado el derecho de las personas a vivir en paz. El incumplimiento de este derecho humano zanja una brecha en el goce de muchos otros derechos humanos, que no deja de ser importante, aunque tampoco se han ofrecido soluciones u alternativas en este sentido. El tiempo transcurre y otras prioridades acaparan la agenda internacional, pero la crisis institucional en Venezuela sigue suponiendo una grave amenaza para la dignidad y libertad de los venezolanos. Desde la esfera internacional y la diplomacia entre naciones debe apostarse por un diálogo directo que posibilite un cambio real en el país, proporcionando seguridad a la ciudadanía y una mejora de su calidad de vida. Las intervenciones que se plantean en algunos casos no son una forma efectiva de atender la grave crisis social, aunque sí debe existir un acompañamiento por parte de distintos órganos que permitan cumplir con la misión. En definitiva, se trata de restablecer la confianza en el sistema y devolver la legitimidad perdida en las instituciones, a través de acciones que contribuyan a la cohesión social y vertebración territorial del país, desde el respeto a su soberanía. 

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