Sáhara, entre la diplomacia y la represión

La campaña electoral en la que estamos inmersos y la guerra de Ucrania han relegado a un segundo plano otros acontecimientos, como el paralizado contencioso sobre el Sáhara Occidental. El territorio, ocupado por España en 1884 en el contexto de la ‘carrera’ colonial de las potencias europeas y convertido en provincia española en 1958, es hoy la última colonia de África. 

Hay que recordar que ya en 1961 la ONU creó el Comité Especial de Descolonización para impulsar el proceso de autodeterminación de los muchos territorios no autónomos que todavía quedaban en el mundo, categoría en la que entraba de lleno el Sáhara Occidental. A día de hoy, ocupado por Marruecos, sigue siendo considerado colonia por el Comité de Descolonización de la ONU, y España tiene aún el estatus de potencia administradora. 

Recordemos que, a finales de 1975, Marruecos llevó a cabo la llamada «marcha verde», una ocupación militar y civil de territorio que incluyó bombardeos con napalm y fósforo blanco para expulsar a la población saharaui, al tiempo que colonos marroquíes se asentaban en la zona. Tras los vergonzosos acuerdos de Madrid, firmados seis días antes de la muerte del dictador Franco en noviembre de 1975, el territorio fue cedido por España a Marruecos (dos terceras partes), y a Mauritania (una tercera parte, a la que renunció, como luego veremos). 

El Frente Polisario, fundado en 1973, surge como la organización que lucha por la independencia del pueblo saharaui, pues, aunque en 1975 la Corte Internacional de Justicia había admitido ciertos vínculos históricos entre las poblaciones del Sáhara y Marruecos, también reconocía el derecho de autodeterminación de los saharauis, que España se comprometió a respetar organizando un referéndum. Sin embargo, Marruecos interpretó la referencia a los vínculos históricos como un derecho de anexión y en fecha 27 de febrero de 1976 ocupó militarmente su zona de administración. En esa misma fecha, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y entró en guerra con Marruecos y Mauritania. El gobierno de este último país firmó la paz y renunció a su zona saharaui, que inmediatamente fue ocupada militarmente por Marruecos. Argelia facilitó la instalación permanente de la población saharaui refugiada en los campos al sur de Tinduf. 

Entre 1980 y 1987 Marruecos levantó el ‘Muro de la Vergüenza’, construcción defensiva a lo largo de 2.500 km., y que vigila con 100.000 soldados. El proceso de colonización marroquí del territorio continuó, y se calcula que al menos 20.000 personas con ciudadanía marroquí se han instalado en el Sáhara Occidental. 

La guerra se suspendió oficialmente en 1991, al aceptar el Frente Polisario y el gobierno marroquí el Plan de la ONU (Resolución 690), con alto el fuego, intercambio de prisioneros, repatriación de refugiados y la celebración de un referéndum, todo bajo la supervisión de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso). Sin embargo, los avances en la resolución del conflicto son prácticamente nulos, debido a la insistencia marroquí en condiciones que garanticen una anexión. A día de hoy, el referéndum (en previsión de su celebración, el régimen alauita ha procurado ‘inflar’ el censo con ciudadanos/as marroquíes) sigue pendiente.

El Sáhara, entre la diplomacia y la represión

En días pasados, el Reino Unido reafirmó su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable, en el marco del apoyo de las resoluciones de la ONU, incluido el derecho a la autodeterminación, abogando por reforzar las bases de operaciones de la Minurso. La reafirmación de la posición internacional del Reino Unido es tanto más llamativa tras el giro copernicano experimentado por el Gobierno español en relación a este conflicto. Nuestro país ratificó, en la declaración final de la XII Reunión de Alto Nivel (Ran) celebrada a primeros de año en Rabat, su apoyo al Plan de Autonomía de Marruecos para el Sáhara, presentado en 2007 como «la base más seria, realista y creíble para resolver este conflicto». El apoyo de España sucede al de otros países, como (no podía ser de otra manera) EE.UU. 

El acuerdo incluye mecanismos para el control de fronteras y la devolución de inmigrantes, y refuerza la cooperación España-Marruecos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Respecto a nuestro país vecino, Portugal, su primer ministro, António Costa, evita seguir los pasos de su homólogo español mientras trata de impulsar el comercio con Marruecos. Tras seis años de impasse, Portugal ha celebrado una reunión de alto nivel con ese país, en la que ha evitado decantarse por el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, a pesar de las presiones ejercidas por Rabat.

Mientras tanto, la población saharaui del Tinduf sobrevive en condiciones extremas, dependiente de la ayuda internacional; en los territorios ocupados la vida está marcada por la persecución política, la represión de toda manifestación saharaui, por pacífica que sea, la tortura y las desapariciones forzadas. Medios de prensa alternativos han dado cuenta del Informe 2022/2023 de Amnistía Internacional (AI) en que se denuncian esos hechos.

AI recuerda que la respuesta de Argelia al apoyo de Pedro Sánchez al plan de autonomía del Gobierno marroquí fue la suspensión de un tratado de cooperación con España. En el capítulo referido a la libertad de expresión, afirma que las autoridades marroquíes seguían atacando a personas críticas y activistas en el Sáhara Occidental, y en el correspondiente al derecho a la privacidad detalla que dos teléfonos pertenecientes a la defensora de los derechos humanos saharaui, Aminatou Haidar, habían sido atacados e infectados con el programa espía Pegasus, de NSO Group. 

 Las protestas pacíficas convocadas para defender los derechos de los saharauis fueron respondidas por las autoridades marroquíes haciendo un uso excesivo de la fuerza, con violencia y con la detención de algunos participantes. El pasado 2 de julio, la policía rodeó la sede de la Asociación Saharaui de Violaciones Graves de los Derechos Humanos (ASVDH) en El Aaiún, e impidió con violencia la entrada a sus miembros, lo que provocó lesiones al menos a 10 personas, a las que golpeó con las manos y propinó patadas, además de dirigirles insultos racistas.

En marzo, el activista saharaui Mohamed Lamine Haddi, que lleva recluido desde 2017 en régimen de aislamiento en una prisión del noroeste de Marruecos, fue objeto de graves torturas. En marzo y abril, la policía y agentes de seguridad ejercieron violencia física, verbal y sexual contra 12 mujeres saharauis que expresaban su solidaridad con la activista Sultana Khaya, agresiones que han quedado impunes. Y en ese último mes, unos agentes de policía golpearon y propinaron patadas al estudiante de periodismo Abdelmounaim Naceri, hasta que perdió el conocimiento.

Refiriéndose a la citada activista Sultana Khaya, AI relata que en mayo huyó de su arresto domiciliario y viajó a España para recibir tratamiento médico por las torturas que había sufrido durante varias agresiones policiales desde que fue sometida a arresto domiciliario en 2020, añadiendo, además, que no se investigaron esas violaciones graves de derechos humanos cometidas contra ella y su familia.

A la vista de estas claras agresiones perpetradas por un régimen que dista mucho de ser democrático, resulta humillante la posición subordinada de nuestro país respecto a la estrategia de Marruecos. Y todo por contar con un aliado en el sur para colaborar en el freno del flujo migratorio hacia nuestro país. Lamentable. 

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