Huelga

Será porque las elecciones autonómicas y municipales están a la vista, y quizás también por eso, se inhabilitan las ciudades con obras innecesarias, para justificar el dinero recibido de Europa, y para que los votantes vean lo efectivos que son sus gobernantes. Será o no casualidad ambas cosas. O, simplemente, es que eran necesarias las obras para adecentar una ciudad, que en lo que se refiere a Murcia, atravesar desde la Plaza Circular al Puente de los Peligros en coche es una odisea. Y por otra parte, que se declaren en huelga los funcionarios de Justicia (indefinida a partir de próximo lunes), sus letrados, la Policía, la Guardia Civil, los abogados de oficio, los jueces, los fiscales, y hasta los inspectores de Hacienda, también puede ser una necesidad. Lo cierto es que, entre las obras y las huelgas, está todo el país patas arriba. Y como de obras no entiendo, solo las sufro, me limitaré a la huelga de los jueces.

En principio estaba prevista para el pasado martes, pero se ha aplazado en vista de las conversaciones con el Ministerio de Justicia. ¿Ganan poco los jueces? Pues mire, si se pone en relación el trabajo y la responsabilidad con el sueldo, sí. Y si se pone en comparación con otros sueldos del Estado, no. 

Lo importante de todas formas no es tanto la retribución - y si nos suben 300 euros netos al mes-, como si la carga de trabajo es soportable, y si los poderes públicos respetan al Poder Judicial, que visto lo del Consejo General del Poder Judicial, y su falta de renovación (por cierto, que Bruselas acaba de presionar para que se renueve antes que España presida la UE), la respuesta es claramente que no. A todo esto, surge una segunda pregunta ¿pueden los jueces hacer huelga? Si se les considera poder del Estado, no, pero si se les considera funcionarios, sí. En los años 2009 y 2012, el Consejo dijo que no tenían derecho, y por eso no señalaron servicios mínimos. Ahora, sin embargo, se están señalando servicios mínimos por los Tribunales Superiores de Justicia, con lo cual claramente se nos otorga el derecho a la huelga, como reconoce el artículo 28.2 de la Constitución Española y el Real Decreto Ley 17/1997. 

Si finalmente se da la huelga de jueces, fiscales y funcionarios en general de la justicia, ésta va a saltar por la ventana, como cuando entra la política por la puerta del despacho de un juez. Un matiz, si alguien piensa que lo que se pretende es poner en peligro las elecciones (no olvidar que las juntas de zona, provinciales y central, que son las garantes de la limpieza de las mismas, están presididas por jueces) se equivoca, porque la huelga en su caso no les puede afectar, por estar excluido legalmente.

No obstante, no crean que el malestar en el sector judicial es solo en España. No, se extiende por toda Europa, menos Alemania (curiosamente allí está prohibida la huelga para los jueces), reclamando mejores retribuciones y más recursos. En el Reino Unido el pasado año hubo huelga de jueces. En Bélgica lo mismo en el 2019. Francia e Italia, que en definitiva juegan en el mismo equipo histórico de España, también tienen sus problemas. En Francia (donde arrasan las ciudades por subir la edad de jubilación a los 64 años, cuando en España está a 65, 67 y hasta los 70 años), los sindicatos de jueces (en España no podemos sindicarnos) vienen exigiendo desde hace años mejoras salariales. Y en Italia alegan que hay demasiados abogados, pocos jueces y una excesiva duración de los procesos. Es decir, lo mismo que aquí, en esencia. 

Si hubiera más juzgados, funcionarios, medios materiales y un sistema informático acorde con el siglo XXI, o igual que otras administraciones públicas, a lo mejor incluso funcionaríamos bien. Y usted, amable lector, que ha padecido en sus propias carnes, cómo le señalan su juicio a años vista, y cuando llega por fin ese día, les coge una huelga, y vuelve a ser retrasado más tiempo, tiene razón: es una vergüenza, por mucha paciencia que se tenga.

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