35 horas: El peor acuerdo posible

La semana pasada, con el acuerdo sobre la recuperación de un derecho perdido hace once años, ganó el presidente López Miras, su consejero de Hacienda y los sindicatos de la función pública, que no solo tendrán más liberados, sino que ya han hecho sus deberes para los próximos años. Pero quienes más perdieron fueron los propios servicios públicos, los empleados públicos, sobre todo, la propia Administración pública, que ve como su gran reforma pendiente en Murcia se aleja más y más.

Los dos ganadores (Gobierno y sindicatos) salieron como unas castañuelas de la Mesa general. Hasta el presidente, que estuvo rápido y ágil, envió una carta a los empleados públicos para anunciarles la buena nueva, y aunque la Junta Electoral le pegue un tirón de orejas, se colgó la medalla él solo, dejando a sus ‘socios’ del pacto en medio de la nada.

Ahora, tras este acuerdo, los propios sindicatos pierden toda credibilidad para seguir exigiendo en las calles los graves problemas que atraviesan los servicios públicos. ¿Con qué autoridad moral van a pedir al personal docente que siga saliendo a las calles para reivindicar la regresión de las políticas privatizadoras públicas?

¿Quién va a creerles cuando les tengan que explicar a los compañeros y compañeras del SEF o del IMAS que hay que seguir presionando en la calle para revertir las políticas públicas que están desmantelando los servicios de empleo y deteriorando a marchas forzadas nuestros servicios sociales, con el objetivo de seguir privatizándolos, donde el personal sigue haciendo su trabajo en peores condiciones cada vez?

¿Qué empleado público va a ir a una huelga, manifestación o concentración convocada por las organizaciones sindicales firmantes si han convertido las mesas de camilla y los restaurantes en los espacios de negociación, prostituyendo y menospreciando las mesas sectoriales?

Sin duda, el «Gran acuerdo», así lo han vendido, firmado a las puertas de unas elecciones autonómicas debería haber tenido otro escenario, otros temas y otro tiempo. Lo lógico hubiera sido que el nuevo equipo que saldrá en unos días, emanado de la voluntad popular, hubiera acometido no solo la recuperación de las 35 horas, insisto, un derecho ‘robado’ hace once años, sino el modelo de función pública del que nos debemos dotar para afrontar el gran reto que tenemos, y es que seguimos teniendo un modelo decimonónico, ineficaz, ineficiente y nada productivo.

Un «Acuerdo histórico», como así ha calificado el propio presidente, hubiera sido un pacto que hubiera hablado de reforma, de acceso, de formación, de relevo generacional, de cuerpos y escalas, de evaluación, de cambios jurídicos, de modelo semipresencial, pero sobre todo de cuales son los servicios públicos esenciales a los que deberían dirigirse la mayoría de las inversiones y políticas públicas.

Después de este gran acuerdo es bueno que nos acordemos de los orientadores laborales, que andan pidiendo recursos y respeto, no solo en los centros educativos, sino los del SEF, que cada día son menos. De los trabajadores de informática que ven como se siguen esquilmando recursos a favor de la privatización y apenas reciben una palmadita en la espalda por su labor. Me acuerdo de esas profesionales de las escuelas infantiles que siguen despidiéndose tras décadas al pie del cañón, sin una respuesta de las autoridades a sus más que justas reivindicaciones. 

Y por último, de la gente que le ha tocado bailar con los más desfavorecidos, y que siguen escondiendo sus graves problemas y deficiencias debajo de la alfombra, y viendo cómo se jubilan con más dolor, menos salud y una esperanza de vida diez años menos que el resto de empleados públicos. Eso hubiera sido un acuerdo histórico, y no un acuerdo histérico, como el que nos han presentado.

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