¡Disculpe si molestamos!

El lunes 8 de mayo, junto al habitual ruido de la circulación, es posible que el viandante tropiece con un grupo de personas más o menos ruidoso y mayoritariamente femenino que se concentrará en la Consejería de Hacienda. ¿Otros quejándose? Pues sí y les voy a decir, si me lo permiten, por qué.

Todos sabemos que en las escuelas hay maestros y maestras, niños y niñas, incluso sabemos que hay un o una conserje que controla la puerta del centro, pero seguramente desconocemos que en muchas hay auxiliares educativos.

¿Y qué hacen estos profesionales? Es un profesional esencial en la atención de las personas con discapacidad, tanto en centros educativos, como en ocupacionales o en el Menor y que atiende los cuidados básicos (movilidad, aseo y alimentación) desde el objetivo de la promoción de su autonomía.

Las limitaciones de sus funciones, a causa de la escasa y nefasta reglamentación en torno a esta figura, conducen a un desaprovechamiento de estos profesionales. Y la pobreza legislativa es un reflejo del menosprecio al papel del auxiliar educativo (y por extensión a las personas con discapacidades) y de la nula implicación de la administración en aras de una verdadera inclusión escolar, personal y social.

Es un cuerpo que agrupa en esta región todas las formas posibles de precariedad: la salarial, la de cualificación, la de los recursos de que dispone, la de escasa valoración y por último, la nula visibilización. Urge una reforma de la normativa que permita aprovechar las inmensas posibilidades pedagógicas y sociales de estas personas responsables de las personas más vulnerables, dignificar la figura, a veces denostada, de este profesional «que no solo cuida».

Resulta necesario instar a la administración a que eleve de forma oficial el nivel de formación requerido para ocupar este puesto. En la práctica, la inmensa mayoría de quienes ejercen de auxiliar técnico educativo superan con creces la titulación mínima requerida. Es un personal enormemente preparado que se está desaprovechando de forma vergonzosa. Esta es la razón que ha llevado a este grupo de profesionales a concentrarse en la puerta de la Consejería de Hacienda tras siete años de espera ya que el Acuerdo del Consejo de Gobierno que recogía su reclasificación profesional a un nivel superior es de marzo de 2016.

Los resultados del estudio La contribución del/de la auxiliar técnico educativo (ATE) para el desarrollo de una plena inclusión realizado en 2020 por la Universidad Islas Baleares (Gelabert, Chover y Ramón) avalan la conclusión que estamos ante un perfil profesional escasamente conocido, cuya tarea no siempre se ajusta a las demandas y realidades de las necesidades sociales del alumnado con discapacidad, lo que supone desaprovechar un valioso apoyo a la inclusión. Se incide en la necesidad de avanzar hacia la creación de equipos multidisciplinares que trabajen desde la cooperación para alcanzar metas educativas de mayor calidad. Las políticas inclusivas comunitarias y las iniciativas de innovación educativa deberán tener muy presente a este colectivo, ya que ejerce de verdadero puente entre el ámbito social y el educativo.

Así acabo como empecé pidiendo paciencia si molestamos con nuestra protesta pero comprendan, y perdonen, que estamos aquí porque otras formas de hacernos oír fueron totalmente ignoradas. Y muchas gracias.

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