Todos a okupar

El Gobierno, haciendo uso de su acrisolada sagacidad, ha descubierto que los precios de la vivienda de alquiler son más elevados de lo que Sánchez y sus ministros consideran aceptable. Como ocurre con los grandes problemas sociales, la escasez de vivienda en alquiler no se vive con igual intensidad en todo el territorio nacional, sino que hay zonas concretas donde encontrar una vivienda al precio que diga el ministro Garzón y sus colegas de gabinete es más complicado que en otras. A estas demarcaciones donde los precios son elevados se les llama en la nueva ley ‘zonas tensionadas’, un hallazgo léxico de la neolengua podemita, que faculta al Gobierno para destensionarlas a fondo utilizando para ello el Boletín Oficial del Estado.

Total, que resulta que donde hay escasez de vivienda disponible su precio se eleva, mientras que allí donde abundan las construcciones vacías, el valor por unidad disminuye de manera proporcional. Los socialistas han hecho este gran descubrimiento, perfectamente conocido desde la época del Imperio Romano, pero es que la izquierda llega a la realidad a su propio ritmo y tampoco es cuestión de meterle prisa en el proceso de aprendizaje, no sea que se estrese demasiado.

La respuesta natural a un problema de esta naturaleza es evidente: hay que aumentar la oferta de viviendas en alquiler, de manera que los precios vayan bajando al ritmo que aumenta el parque de casas disponibles. Eso es lo normal, lo que cualquiera puede entender sin demasiado esfuerzo, pero el socialismo no busca resolver problemas concretos con soluciones razonables, sino utilizarlos para agitar el enfrentamiento social y acaparar mayores cuotas de poder desde el Estado, que es exactamente en lo que está el Gobierno.

De hecho, si pensáramos qué cosas hacer para agravar un problema solo hay que mirar qué propone la izquierda, porque esa será, sin duda alguna, la mejor manera de empeorar la situación. El tema de la vivienda es otro ejemplo perfecto de esta Ley de Hierro de la izquierda, según la cual, primero crea un problema, después lo agrava con sus recetas y finalmente nos cobra un pastón a todos a través de los impuestos para paliar con subvenciones los perjuicios acarreados a toda la sociedad.

¿Cómo si no puede entenderse que se haga una ley para mejorar el acceso a la vivienda, que aumenta la inseguridad jurídica de los arrendadores? ¿A quién se le ocurre que si el Gobierno fija el precio de alquiler en una determinada zona, los propietarios de los bienes van a seguir arrendándolos por ese importe aunque el negocio no les salga rentable? Pues a los socialistas, claro, sobre todo los del sector adolescente, que son los que mandan ahora. Solo ellos pueden creer sinceramente que una ley de vivienda intervencionista, más preocupada de los okupas y otros delincuentes que de los ciudadanos que pagan impuestos y ostentan legítimamente derechos de propiedad, va a producir el milagro de que el precio del metro cuadrado de vivienda de alquiler en las zonas residenciales se desplome en el acto.

Muy al contrario, lo que ocurre con estas recetas izquierdistas es que se desincentiva poner una vivienda en alquiler, por lo que cada vez habrá menos mercado y, en consecuencia, menos posibilidades de acceder a la vivienda a precios razonables.

Y es que en esto, como en tantas otras cosas, el poder político no tiene soluciones y las que propone agravan el desastre. Se trata, simplemente de proteger la propiedad y bajar los impuestos para que a los propietarios de viviendas vacías les salga rentable alquilar. Es algo tan sencillo, que ningún socialista lo verá jamás.

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