En un país con una precariedad habitacional tan alta como en España no deberían haber pasado muchas de las cosas que están pasando a nivel de momento solo declarativo con la nueva Ley de Vivienda, la primera que se hace en democracia, que todo hay que decirlo. No se trata de una norma de máximos, ni excesivamente ambiciosa, ni intervencionista, ni, por supuesto, favorece a los millones de okupas que atentan contra la sacrosanta propiedad privada.
Simplemente trata de introducir una mínima ordenación respecto a uno de los derechos reconocidos en el artículo 43 de la Constitución del 78: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, (...)».
Es decir, se trata de empezar a reorganizar la merienda de negros –con perdón– en que se convirtió el mercado de la vivienda desde la promulgación de la ley del ‘Suelo Aznar/Arias-Salgado’ en 1998. La lógica era tan simple como falsa: cuanto más suelo urbanizable, más barato es el terreno y, consecuentemente, las viviendas. El resultado es que, además del estallido de la burbuja inmobiliaria, ese derecho es de difícil concreción para amplias capas sociales, especialmente menores de 40 años y familias en riesgo de pobreza o exclusión: el 27,8%, 13 millones de residentes en España.
Con aquella locura inmobiliaria se dejó de construir vivienda pública: era mucho más rentable, se creía, hipotecarse para comprar una, dos o tres viviendas –en los casos más moderados– construidas al por mayor por inmobiliarias tradicionales y advenedizas con financiación ‘generosa’ de cajas de ahorro y banca. El fracaso del modelo abocó al desastre habitacional. Sin que se haya reequilibrado el tremendo batacazo social, ahora la precariedad laboral y los bajos salarios se abaten sobre buena parte de la población que ve casi imposible acceder a esa vivienda constitucional ‘digna y adecuada’ mientras, por otra parte, hacen su agosto grandes tenedores de pisos y un buen número de fondos buitre.
Quizá la Ley de Vivienda no sea la solución ideal porque es tímida y se queda a medio camino, aunque sea un primer paso para reconducir el estado de las cosas, complementado con la liberación para alquiler de las 45.000 viviendas de la Sareb, o banco malo. Es verdad que muchas de ellas no podrán ser utilizadas por las condiciones en que se encuentran. Pero las que sí lo sean ayudarán a paliar mínimamente la escasez habitacional. Hay que recordar que España es uno de los estados comunitarios con menor porcentaje de vivienda pública construida: apenas el 2,5%, seis puntos menor que la media de la UE, que es del 9,3%. Por eso, el Ejecutivo va a financiar la construcción de 43.000 viviendas para alquiler asequible, financiadas con 4.000 millones de la UE.
La moderación gubernamental para aprobar la ley ha sido contestada abruptamente por los partidos de derecha, la CEOE y las inmobiliarias, en plan Fuenteovejuna. Al lanzamiento de bulos han seguido los anuncios de insumisión a la nueva norma, como viene siendo habitual desde gobiernos regionales y ayuntamientos en manos de la derecha frente a cualquier legislación de los socialcomunistas bolivarianos que, dicen, usurparon legítimamente el poder con la moción de censura que perdió el PP por su corrupción refrendada por sentencias judiciales. Se trata de seguir en la deslegitimación institucional, ahora con trasfondo electoral. Leit motiv de la campaña: «preservar el derecho de propiedad frente al intervencionismo estatal». Y, por supuesto, parar el tsunami de okupación. ¡Qué nivelazo!
