Conspiración antidemocrática

El diario El País ha sacado días atrás una noticia que luego ha rebotado por todas partes y se ha hecho objeto de los más diversos comentarios. La noticia no era otra que la reunión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con representantes de la conservadora Asociación de Fiscales en un hotel de Madrid el pasado 18 de Abril. Hasta ahí todo normal. El líder del principal partido de la oposición se reúne con cincuenta miembros de la fiscalía, algunos con cargos relevantes, para intercambiar opiniones. Lo grave es que algunos de esos fiscales le piden a Feijóo que, si él llega al poder, ellos acogerían con entusiasmo que derogue algunas leyes que han sido impulsadas por el actual Gobierno.

El artículo 124 de la Constitución española define así la fiscalía: «El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social». El Ministerio Fiscal es pues, «un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial».

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la democracia actual es la separación de los poderes del Estado, el contenido de los comentarios revelados por El País que tuvieron lugar en la reunión que comentamos atentaría claramente contra ese principio de la separación de poderes.

No puede calificarse de otra manera la petición de que se deroguen ciertas leyes por parte de quien tiene encomendada precisamente la defensa de la legalidad vigente.

El compromiso de quien pretende encabezar el ejecutivo, como es Feijóo, de llevar a cabo la derogación de esas leyes ante quienes tienen el deber de defenderlas viene a parar en el borrado de las líneas que deben separar los tres poderes del Estado.

Por desgracia, esa tendencia no se da solo en España. En Israel, Benjamín Netanyahu está intentando que el ejecutivo que él preside tenga el control sobre el Tribunal Supremo, motivo por el que el presidente Biden no lo invita a visitar Estados Unidos.

No hace falta ir tan lejos, en Europa, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también ha dado pasos para controlar el poder judicial de su país creando una Oficina Nacional de la Judicatura encargada de los nombramientos de jueces, al frente de la cual ha puesto a una amiga íntima suya. En la India, el ejecutivo de Narendra Modi también tiene al Tribunal Supremo bajo sus garras y así ha podido salir indemne del pogromo antimusulmán en el que fueron asesinadas al menos 2.000 personas de esa confesionalidad, a pesar de las pruebas existentes de las responsabilidades del ejecutivo de Modi.

Son muchos los mecanismos que utilizan quienes quieren degradar la democracia. Uno de ellos es la creación y difusión de bulos y otro es la colonización del poder judicial por parte del ejecutivo. Por eso son tan importantes la existencia de una prensa libre y la efectiva separación de poderes. La politización del poder judicial, que tan evidente aparece en la imposibilidad de renovación en España del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, tiene una manifestación en lo que se ha filtrado que han hablado fiscales y Feijóo en su reunión del 18 de abril. Que no nos traten de convencer de que ese tipo de reuniones son normales. Que un fiscal inste a un político a derogar una ley se compadece mal con la función de defensa de la legalidad que la Constitución atribuye expresamente a los fiscales. Una reunión de esas características solo puede recibir un nombre: conspiración.

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