Política y vivienda, como agua y aceite

Todos los políticos lo saben de sobra. Si convocan una rueda de prensa sobre algún tema relacionado con la vivienda, el éxito de asistencia está asegurado. Cualquier medio informativo sabe del fuerte interés que suscita la vivienda en su audiencia . Lo hemos comprobado estos días con Pedro Sánchez, un político frío como el hielo y escaso de principios y escrúpulos, que ha dejado como traca final de este período legislativo una Ley de Vivienda que tendrá probablemente menos impacto y más indeseable a medio y largo plazo que el anunciado por su Gobierno pero que resulta un recurso convincente como arma electoral a pocas semanas del inicio de un ciclo que desembocará en Elecciones Generales antes de un año. Resulta patético, por otra parte, ver los arrumacos de las ministras dóberman de Pablo Iglesias para intentar disimular frente a la galería el nulo protagonismo que les ha dejado en esta Ley su presunto aliado.

La vivienda, hay que reconocer, se ha convertido en la última frontera de la economía privada en un Estado de Bienestar que ya ofrece una Sanidad y una Educación pública básicamente gratuita y de razonable calidad, aunque ambos servicios públicos sean en gran parte viables gracias a que casi un tercio de su prestación efectiva esté en manos privadas gracias al sistema de concierto. Hacer de la posesión de una vivienda un derecho básico que alcance de forma efectiva a todo el mundo se presenta a la ciudadanía como la evolución natural del Estado del Bienestar. Pero con la iglesia hemos topado. En un país en el que el 80% de familias vive en una casa de su propiedad y en el que la vivienda constituye el grueso de su patrimonio total, financiero o no financiero, tocar el delicado equilibrio del mercado inmobiliario resulta un ejercicio altamente arriesgado de funambulismo político.

El 'toque Podemos' de la nueva ley está precisamente en el intento de enfocar el perjuicio de las principales medidas a los Fondos de Inversión inmobiliarios, que, por cierto, nos salvaron el culo en la Gran Crisis pero que ahora son el destino de los odios cartagineses de la menguante izquierda comandada por el antipático Iglesias y su cada vez más escaso entourage. Si fuera por Iglesias, la nueva ley de vivienda contendría de forma explícita los nombres completos del Consejo de Administración de Fondos americanos como Blackstone, Blackrock o Apollo, los maniqueos que representan la codicia empresarial sin límite en el imaginario de la izquierda radical.

Pero como no se pueden hacer leyes directamente dirigidas contra personas o entidades concretas, el legislador de izquierdas se ha tenido que conformar con dificultar la tenencia y rentabilidad de viviendas en alquiler a los llamados «grandes tenedores», identificados como aquellos propietarios que tengan en alquiler al menos cinco viviendas. Esta provisión ridícula nos da un índice de por qué esta ley acabará siendo un brindis al sol, como toda ley que intente implantar un sistema tan alejado de la naturaleza del libre mercado que la realidad acabará convirtiendo en agua de borrajas.

Y en cuanto a la vuelta de las limitaciones a los precios del alquiler, será otra medida vacía de contenido y, lo que es peor, incentivará a los propietarios a hacer moving a sus inquilinos de larga duración con el fin de que se vayan cuanto antes, como ocurrió lamentablemente con los famosos alquileres de renta antigua que un ministro socialista, Miguel Boyer, mucho más espabilado y con más margen de maniobra que la ministra Nadia Calviño, abolió hace muchos años, permitiendo con ello una mejora evidente de las condiciones de habitabilidad del parque residencial y una visible regeneración del comercio en los barrios céntricos de las grandes ciudades. Y es que la estrategia de la izquierda siempre es la misma: cargar la política social sobre los hombros de los particulares o empresarios con el fin de no recargar la presión fiscal de las clases medias por la posible huida de votos que ello representa. Así han actuado con los autónomos y el sistema paralelo de impuesto sobre la renta que acaban de implantar para salvar las pensiones futuras y el aumento de cotizaciones sociales de los trabajadores actuales. Todo es pan para hoy y hambre para mañana.

El Gobierno actual sigue con la nueva ley de vivienda el camino diseñado por la muy impopular actualmente Ada Colau en el caso de Barcelona. Sus efectos previsibles serán los mismos que han provocado las medidas de la alcaldesa podemita: un aumento del precio de los alquileres (excepto de los más altos, beneficiando así a los más pudientes curiosamente) y un vuelco del patrimonio inmobiliario del centro de la ciudad condal hacia la explotación mediante el alquiler turístico, con grandes grupos de inversión comprando y reformando edificios enteros y buscando puertas traseras para la obtención de mayores rentabilidades que el alquiler residencial cada vez más dificultado por las medidas de la alcaldesa.

De hecho, el intento de perjudicar a los grandes tenedores es completamente baladí. Estos fondos tienen los recursos suficientes para mantener una legión de los mejores abogados y unos bolsillos profundos para aguantar el envite o negociar en su caso con las mafias establecidas dedicadas a la okupación de viviendas. Las que más sufrirán de okupación, por cierto, serán esas hipotéticas viviendas de renta limitada que el Gobierno ha anunciado. Una vivienda de promoción pública atrae a los okupas profesionales como un panal de rica miel, sabiendo seguro que nadie va a actuar contra ellos en un futuro previsible. Y ello provocará el indeseable pero seguro efecto de que un okupa de mala fe suplante en la posesión de una vivienda a la familia que realmente lo necesita. O eso dice explícitamente una reciente y clarividente sentencia de un juez que condena a la Sareb por hacer dejación de su obligación de liberar una vivienda okupada de su propiedad.

Afortunadamente, la iniciativa privada, el ingenio del propietario español y un sistema político que otorga a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos la última palabra para la promoción de un desarrollo inmobiliario en una urbanización concreta, asegura que los efectos más perversos de esta demagógica Ley sanchista de vivienda tengan escaso recorrido en la práctica. Y en cuanto a las 113.000 viviendas que este Gobierno dice que promoverá con el desecho de tienta de los terrenos de la Gran Crisis que siguen en posesión del Sareb, simplemente afirmo que se me ocurren varios chistes mejores.

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