El trabajo recientemente presentado por el Centro Económico y Social, CES, ‘Impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia’, dirigido y coordinado por el departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la UPCT, debería no solo ser leído por aquellos partidos políticos que siguen poniéndonos a la inmigración en el centro de la diana de nuestros problemas y frustraciones, sino que debería ser obligado, aprovechando las horas ‘muertas’ de guardia que cada día se producen en los institutos, analizarlo y debatirlo entre una juventud, en la que comienza a calar que la inmigración forma parte del problema, cuando como demuestra este estudio es todo lo contrario, y en ella está parte de la solución.
Por fin alguien ha puesto negro sobre blanco en la relación coste / beneficios sobre el trabajo de la inmigración en la ‘mejor tierra del mundo’.
Saber que los inmigrantes representan el 23% de las personas en edad de trabajar no solo aporta un rejuvenecimiento a nuestro grave problema de envejecimiento, sino que nos da una idea de la importancia de su aportación al mercado laboral, porque como muy bien dice uno de sus autores, la mayoría de ellos trabaja en puestos que los españoles (murcianos) desechamos.
Pero los datos más significativos vienen dados cuando el estudio analiza su aportación económica: «La población inmigrante ha aportado 74 puntos básicos al crecimiento promedio de esta variable entre 2000 y 2019, es decir, un 35,4% del crecimiento del VAB entre 2005 y 2019 se puede atribuir a la población inmigrante (la media en España es del 19,1%). Y todo ello gracias fundamentalmente a la aportación de la población. En términos de balance fiscal, los nacidos en el extranjero realizan una contribución fiscal neta positiva, alcanzando ésta un 2,07% y un 1,40% sobre el PIB». Fin de la cita.
Aportan más que reciben. Uno de los datos más importantes que se deducen es que el estigma que algunos quieren imponernos sobre el coste que supone para las arcas públicas la inmigración, y que por ‘su culpa’, los españoles no tenemos mejores servicios, queda en evidencia al poder afirmarse, como dice uno de sus autores, que «sus aportaciones superaron en un 12,6% las prestaciones recibidas», más aún, por cada euro que gastamos en prestaciones, los inmigrantes ingresan 1,72 euros a las arcas públicas, 0,40 más que lo que aportamos los propios nacionales, 1,32 euros, un 30,3% más. Fin de la cita.
Ya solo faltaría, como aconseja el informe, que los poderes públicos combatieran la alta precariedad laboral que tienen y la gran brecha salarial existente, así que basta de criminalizarlos.
Muchos de ellos y de ellas recogen nuestros productos de la tierra, están salvando la hostelería, cuidan a nuestros mayores, e incluso hay muchos que ejercen como médicos y técnicos en nuestro sistema sanitario público. Gracias por vuestro trabajo y aportación al sistema. Ah, y enhorabuena al CES.
