Un expresidente contra el sistema

Señalar la paja en ojo ajeno y obviar la viga en el propio es una práctica política tan infantilmente habitual como largamente perniciosa. En especial, cuando se trata de lavar los trapos sucios de corrupción. El ciudadano concluye que todos son iguales y desconfía sin distinción.

El caso Mediador ha disparado las alarmas socialistas. Ellos se jactan de resolver internamente en pocas horas un escándalo en aumento porque las elecciones municipales y autonómicas asoman por la esquina y Canarias es foco principal, con apuesta de ministra para la alcaldía de Las Palmas.

Fotografías, mensajes y llamadas comprometedoras acorralan al Tito Berni, quien desde su móvil habría facilitado sus cuentas bancarias a empresarios hasta diecisiete veces. El diputado ya expulsado, Juan Bernardo Fuente, lo niega todo, por supuesto. Y aduce que nada es lo que parece. Otro clásico. Pero ante la justicia le acompaña la presunción de inocencia, que tanto los suyos como los otros ya le han retirado temiendo ramificaciones.

Lo clamoroso del caso es que algunas reuniones se celebraron en el Congreso de los Diputados, adonde, por lo trascendido, los cómplices habrían accedido con pasmosa facilidad. No es que fuera su condición de empresarios la que debería impedírselo, porque estos perfiles están tan legitimados para reunirse con representantes públicos para trasladarles problemas y buscar soluciones como cualquier colectivo o individuo. Pero, como sucediera en el Parlamento Europeo hace unos meses, la transparencia de la motivación brilló por su ausencia y exige revisión.

El PP cree haber encontrado un filón y quiere una comisión de investigación para un caso calificado de ‘cutre’ por su presidente. Algunos apoyos del Gobierno estudian sumarse. Las mismas formaciones que se lamentan de que seis meses después de aprobada no esté constituida la comisión que debería aclarar políticamente la operación Cataluña.

Lo han reconocido tras saberse que un juzgado de Madrid ha aceptado a trámite la querella que Sandro Rosell (Barcelona, 6 de marzo de 1964) ha interpuesto contra el excomisario José Manuel Villarejo y adláteres por presuntos delitos de organización criminal y una retahíla de abyectas fechorías. Tanto, como los casi dos años que el expresidente del Barça pasó en prisión preventiva para acabar absuelto de una irregularidad jurídica que tiene a la magistrada Carmen Lamela en el ojo del huracán, y al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la diana.

Acepta el abogado Pau Molins que el camino judicial tortuoso que Rosell ha emprendido no es fácil. Otros intentos han fracasado, aunque hay hasta cinco causas abiertas por otra ramificación de la operación Kitchen, ahora recuperada como bumerán partidista, a través de la cual se urdieron mentiras, se documentaron falsedades y se crearon bulos que pretendían influir en la opinión pública nostálgica de la pena de muerte. Matar en vida era el objetivo para quien difiriera de su concepto de Dios, Patria y Rey. Desde la estructura del Estado, por supuesto.

Todo tipo de corrupción debe ser perseguible y condenable. Sin distinción. Pero hay niveles que diferencian lo casposo de lo ominoso. Diría mucho y bien del sistema que una persona consiguiera limpiar lo que el propio sistema ensució.

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