Por dios, por la patria y el dinero

Menudo cabreo se han cogido los del Gobierno con la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. Recuerda a las salidas de tono de los independentistas catalanes cuando las empresas nacionales (nacionales de España, se entiende), decidieron abandonar Cataluña y trasladarse a Valencia, Madrid o incluso Alicante. En ese momento, los traidores a la patria (catalana) fueron la Caixa o el Banco Sabadell, entre otros. Pero las razones últimas del delito de lesa patria en esos casos y en el de Ferrovial en este momento eran las mismas: las empresas trasladaron su sede porque podían y les convino. Sorprende mucho más el rasgado de vestiduras en el caso de este Gobierno, con su proclamado europeísmo sin límites. Al menos los del Govern no ocultaron en ningún momento su ideología patriotera.

También es raro que un Gobierno cuyos ministros, al menos una parte de ellos, se han dedicado a insultar a conocidos empresarios, a reconocidas empresas y a poner en cuestión los beneficios de sectores económicos enteros, ahora se escandalicen porque una de estas compañías decida buscar vientos más favorables y un clima más benigno a la hora de hacer negocios.

Nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se enfrenta a la muy favorable circunstancia de encabezar la presidencia europea de España en el segundo semestre del año, tendrá bastante complicado explicar a sus colegas este ataque de furibundo patriotismo localista en el contexto de un entramado institucional que se conforma precisamente con la renuncia voluntaria de sus miembros a partes de su soberanía nacional. En un sector que conozco bien, el inmobiliario, la historia de este Gobierno está repleta de decisiones arbitrarias e intervencionistas que cambian continuamente las reglas de juego. Eso sí, todo siempre en detrimento de las empresas y de los propietarios.

La próxima Ley de Vivienda, que amenaza con su aprobación inminente en el Congreso de los Diputados, es la última muestra. No es de extrañar que los fondos de inversión extranjeros que entraron al olor de la crisis financiera con base en el patrimonio inmobiliario fallido de las Cajas de Ahorro locales, estén buscando desesperadamente reducir su exposición al mercado español. Mal que les pese a la parte económicamente razonable del Gobierno, España se ha convertido en un país dirigido a golpe de decretos leyes con una ideología populista como exclusiva referencia de fondo.

En todo caso, el nacionalismo económico oportunista por parte del Gobierno español actual no es la más grave de las tendencias aislacionistas que asolan el panorama económico global. Al fin y al cabo, españoles, franceses o italianos se han comportado de igual manera cuando las empresas que se consideraban como sus grandes campeones nacionales tomaron decisiones parecidas de expatriación. Dos de los casos más recientes e importantes (que deja el caso de la empresa española a la altura del betún) es el de la angloholandesa Shell que, arrastrada por la decisión de sus accionistas y en el entorno del Brexit, cambió su sede fiscal de Amsterdam a Londres abandonando de paso el adjetivo holandesa de su nombre. Lo hicieron porque podían y les convino, una vez más. En este caso, las autoridades neardenlandesas se callaron prudentemente, aunque la procesión iba por dentro. Pero los políticos holandeses eran conscientes de que no se puede estar en misa y repicando o, lo que es lo mismo, no se puede intentar atraer capitales extranjeros a su país y después impedir que se muevan a otra parte.

Es como los nómadas digitales. España intenta atraerlos por nuestra calidad de vida, pero muchos de nuestros más acendrados talentos se van a la Georgia caucásica para pagar solo el 1% del impuesto sobre la renta. Y no hablo de referencias ni porque lo haya leído. Es un caso reciente que me afecta personalmente. Así están las cosas.

Que el dinero no tiene patria, está claro. Ahí están los paraísos fiscales campando por sus respetos y ahí está el bitcoin, que parece un juego inocente de jóvenes rebeldes, pero que es sólo un repositorio de la codicia que atrae a frikis de las más alejadas nacionalidades al olor de los beneficios grandes y rápidos. Peor lo tienen los fondos de inversión ‘éticos’, que están siendo atacados constantemente por un movimiento ‘antiwoke’ de parte de sus accionistas a los que no termina de convencerles eso de tener que invertir en empresas que cumplan las altas exigencias del trinomio ESG (Ecological, Social, Governance). Ya lo comprobaron también en su momento los responsables de las finanzas vaticanas, cuando se supo que parte de su dinero acababa invertido, a través de fondos, en empresas farmacéuticas que fabricaban y vendían píldoras anticonceptivas o supuestamente abortivas. Obviamente, invertir en pozos de petróleo no es muy ecológico, pero sigue produciendo enormes rentabilidades a corto plazo. Esa constatación se produce cada vez más en Estados Unidos, donde cualquier cuestión se enmarca en los últimos años en las guerras culturales que enfrentan vecinos contra vecinos e hijos contra sus padres. Ya sabemos que el dinero no tiene patria. La pregunta es si tampoco tiene moral. Por lo que vemos en la historia y en la actualidad, parece que no.

La crítica de Pedro Sánchez, señalando a Rafael del Pino con nombres y apellidos como culpable, es un despropósito fenomenal, como han subrayado muchos comentaristas de nuestro país, pero eso no significa que su propuesta de armonización fiscal europea sea desdeñable. Porque si Europa es nuestra nueva patria (al menos es lo que yo siento), tiene lógica que todos paguemos los mismos impuestos, o que haya razones sólidas para no hacerlo en algún espacio nacional en concreto al que se quiera apoyar temporalmente.

Lo que resulta irónico finalmente, es que un Partido y un Gobierno que preconiza un impuesto de sociedades mínimo a escala global, una armonización fiscal en todo el territorio europeo, pacte en España con partidos nacionalistas como el PNV o ERC, cuya máxima aspiración es aislarse del resto de contribuyentes para evitar los efectos adversos para sus haciendas de la solidaridad fiscal.

Por lo demás, parece injusto atribuir la inestabilidad legal solo a la izquierda. El Gobierno de Rajoy también administró su dosis de caballo de arbitrariedad fiscal en el caso de las explotaciones de placas solares, y tomó nefastas decisiones en relación con la energía nuclear, la gran oportunidad fallida de España en beneficio de nuestros vecinos franceses. Por lo que a inseguridad del marco jurídico nacional respecta, en todos los partidos cuecen habas.

Suscríbete para seguir leyendo