Recorte de calidad docente en la UMU

La Universidad de Murcia es una institución centenaria que representa la educación y el conocimiento en nuestra sociedad, y es también un servicio público y un motor de cambio, que trabaja por y para el bienestar de la sociedad. La financiación de las universidades públicas es competencia de las Comunidades Autónomas. En este sentido, la financiación del Gobierno de la Región de Murcia es vital para el funcionamiento de las universidades públicas.

Desafortunadamente, en la Región de Murcia la infrafinanciación del Gobierno regional ha supuesto un problema persistente que ha afectado negativamente a las universidades públicas de nuestra región. Esa financiación limitada, que no cubre las necesidades reales de nuestra Universidad de Murcia (un servicio público, una universidad generalista y pública) se ha concretado en una serie de recortes validados por el Consejo de Gobierno de nuestra UMU (en una pequeña sala de Juntas de Convalecencia) y que conlleva una merma significativa en la calidad (docente y de la enseñanza), una merma de recursos para la investigación y la innovación, y una pérdida significativa de talento humano.

Los recortes que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia se dispone a aprobar hoy afectan inevitablemente a sus recursos humanos: al profesorado a tiempo parcial (que naufraga en la precariedad laboral desde hace mucho), y a los jóvenes investigadores predoctorales y posdoctorales.

En la UMU, el profesorado a tiempo parcial desempeña un papel fundamental, suponiendo una cifra superior al 38% de la plantilla. Durante años, nuestra Universidad se ha alimentado de esta figura por razones económicas: era más barato contratarnos a tiempo parcial que a tiempo completo, aun cuando el trabajo a realizar fuera el mismo: contratados para impartir docencia tanto teórica como prácticas en cualquier área de conocimiento. Aportamos conocimiento y la visión práctica en el mundo real. También dirigimos trabajos de investigación, entre otras labores que enriquecen la formación del estudiantado.

A pesar de nuestro buen hacer, nada se ha hecho por acabar con la precariedad laboral (cuantías de 200 a 600 euros al mes) y la falta de estabilidad en el empleo, aunque el rector Luján se solidarizara con el profesorado asociado a tiempo parcial en campaña electoral. Bueno, algo sí se va a hacer ahora: aumentar el volumen de trabajo de la plantilla fija para no renovar al personal a tiempo parcial. Se acaba con la precariedad prescindiendo de los sujetos que la padecen.

El actual rectorado de la Universidad de Murcia se halla ante la situación de implementar la nueva ley de universidades, LOSU, que ha establecido el porcentaje de profesorado asociado en un 8%. ¿Se plantea el equipo rectoral estabilizar al personal como están haciendo otras universidades públicas con la colaboración de sus respectivas comunidades autónomas? No.

La Universidad de Murcia ha decidido acabar con el problema de forma mucho más efectiva para ellos: acabando con la esperanza de promoción y estabilización de quienes han servido a la institución durante años. La solución no es otra que reducir el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial mandándolos a la calle: para ello se aumenta el tamaño de los grupos de docencia, que quepan más en las aulas para contar con menos docentes, se aumenta la ratio del aula, se perjudica la calidad de la enseñanza. Daños colaterales, no les importa qué suceda ni a la masa humana de la que prescinden ni al estudiantado que con su matrícula paga por un servicio y por su derecho a una educación pública.

El Gobierno regional debe asumir su responsabilidad, sus competencias, y financiar a la universidad pública de nuestra región como corresponde. La educación pública no debe inmolarse, ni debe inmolarse a los profesionales que la llevan a cabo. La precariedad se acaba con financiación, y el futuro no puede construirse a base de recortes. Nunca. ¿Despertarán los habitantes de San Esteban para dar al César lo que es del César, y a la UMU lo que es de la UMU?

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