¿Un cambio lampedusiano?

El pasado 17 de enero se creó la consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación con competencias, entre otras, en medio ambiente, política forestal, caza y pesca fluvial, protección de la fauna silvestre y estudio, planificación, ejecución y desarrollo de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de su ecosistema. La consejería se concibe como una respuesta a la demanda de la sociedad murciana de una real y efectiva protección de un patrimonio natural común que debe perdurar, si de alguna manera queremos definirnos, en palabras del filósofo Roman Krznaric, como ‘buenos antepasados’.

Queremos pensar que el mensaje que el Gobierno López Miras quiere transmitir con la creación de la consejería no es simple oportunismo electoral. Negar esta idea, la de que los periodos electorales, y este 2023 lo es, son propicios para prometer lo que no se piensa cumplir, solo puede ser desmentidos con hechos. La consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación tiene apenas cuatro meses para revertir ese hábito acendrado de procrastinar en sus competencias.

Hace ya mucho tiempo que quedaron atrás aquellas alusiones al trabajo duro del PP para que la Región se convirtiera en tierra de libertad, al futuro reservado a los valientes, se supone que en el mercado, o a que el medio ambiente era una oportunidad de negocio, manifestaciones en clave neoliberal. Esos sueños se esfumaron con la catástrofe medioambiental del Mar Menor y el Campo de Cartagena. El suelo que teníamos bajo los pies era de barro y fue fácil que el discurso político naufragara y se sustituyera por ese otro mantra contemporáneo del dinero mejor en el bolsillo de cada uno.

Arduo trabajo tiene el consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación para convencerse y convencer a la ciudadanía murciana de que el nuevo departamento del Gobierno regional se ha creado para preservar para las generaciones futuras nuestro patrimonio natural. Hasta ahora ninguna de los responsables de las consejerías que han ostentado las competencias en la materia lo ha conseguido. Unas porque no tenían la mínima intención de cumplir y hacer cumplir las leyes medioambientales porque estas eran un estorbo para las demandas del mercado; otras porque no tenían, o no querían tener, los recursos humanos necesarios para hacerlo.

Durante cuarenta años los servicios con competencias en medio ambiente han estado infradotados de técnicos especializados en la materia. Habrá que recordar que en la actualidad hay el mismo personal, o menos, con un territorio regional protegido por la Red Natura 2000 del 25%, que en 1992, en la que espacio protegido por la Red de Espacios Naturales Protegidos (Red ENP) era solamente del 7%. No es una realidad que se sepa ahora. La falta de personal se ha suplido con externalizaciones del trabajo mediante asistencias técnicas o con proyectos evanescentes, por descabellados, como fue la nonata Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), que pretendía ser un ente público privado supervisado por la CROEM. En otros momentos, la euforia liberalizadora del político de turno ha soñado con un mercado del medio ambiente autorregulado por intereses privados.

La catástrofe del Mar Menor acabó con todos esos sueños en los que la naturaleza no era un bien común sino un negocio sujeto a las reglas del mercado. Políticamente ya no se puede mirar para otra parte sin exponerse a un castigo electoral. Tal vez sea el motivo que ha impulsado a López Miras a crear una consejería específica escindida de la de Agricultura. El tiempo dirá si nos encontramos ante una enmienda a la totalidad de una política medioambiental errática o a un giro lampedusiano, aquel en lo que todo cambia para que todo siga igual. El nuevo consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación está en la obligación de hacérnoslo saber. Por acción o por omisión lo sabremos.

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