El principal problema de los españoles

Los esfuerzos de la izquierda por imponer su versión hemipléjica de la Historia se han traducido en dos leyes elaboradas ad hoc, una en la segunda legislatura de Zapatero y otra, cómo no, bajo el primer (y esperemos, último) mandato de Sánchez. Sorprende la insistencia legislativa en una cuestión anecdótica que no parece preocupar a los españoles, a tenor de las encuestas que periódicamente realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas para tomar el pulso a la sociedad. Hay preocupación por la situación económica, el precio de la energía, la impunidad de los golpistas catalanes, el riesgo de una guerra e incluso el cambio climático pero, desde luego, la imposición de la memoria histórica según la interpreta el sanchismo no está entre los principales afanes del español de a pie.

Esto de condenar la parte de la historia reciente que no le gusta al gobernante es el reflejo cutre de la damnatio memoriae de la Antigua Roma, cuando el Senado ordenaba destruir los monumentos, inscripciones y todo lo que recordara a un mandatario caído en desgracia, hasta el punto de que se prohibía incluso mencionar su nombre en público. Era (y es) un esfuerzo inútil por negar unos hechos históricos de imposible olvido por lo que significaron para las personas que los vivieron, en unos casos para bien y en otros para mal.

La democracia, al contrario que los imperios y las dictaduras, llegaba para garantizar la libre expresión de todos los ciudadanos, los cuales serían libres de estudiar la historia contemporánea acudiendo a distintas fuentes y, en consecuencia, a expresar sus convicciones y preferencias sin temor a que las autoridades tomaran represalias, como ocurre en los regímenes totalitarios. En última instancia, la grandeza del sistema democrático es tal que no teme confrontarse con los nostálgicos de la dictadura, porque en esa batalla dialéctica los partidarios de los regímenes autoritarios siempre quedarían retratados como unos perfectos ejemplos de ignorancia y/o bellaquería.

Pero la ciencia historiográfica no contaba con la izquierda española, que entre sus grandes objetivos regeneradores y de futuro tiene en lugar bien preferente examinar el callejero hasta de la última aldea española, en busca de un nombre o un apellido que recuerde a algún preboste franquista para ordenar su sustitución por otra denominación acorde con los tiempos actuales.

Así, hemos llegado a ver disparates como el intento de supresión del nombre de un instituto andaluz llamado ‘19 de julio’, porque a los izquierdistas andaluces les sonaba por la data al levantamiento militar de Franco, cuando en realidad es la fecha en que tuvo lugar la batalla de Bailén.

El escudo de los Reyes Católicos ha sido objeto también de numerosos intentos de destrucción por parte de las instituciones controladas por la izquierda, porque lo del yugo y las flechas les sonaba también a franquista, lo cual tiene su mérito habiendo fallecido los inspiradores del emblema 450 años antes de que comenzara la Guerra Civil.

Pero todos esos despropósitos están incluidos en unas leyes que, por cierto, la derecha no derogó cuando pudo hacerlo legítimamente. Por tanto, deben cumplirse. En el caso de Murcia, el Partido Popular está obligado a aplicar taxativamente la memoria democrática sanchista, que para eso gobierna aquí desde hace ya más de un cuarto de siglo. Su actitud refractaria a implantar un nuevo callejero y a destruir los elementos patrimoniales sospechosos de franquismo demuestra que se avergüenzan de ellos mismos, pero ese es su problema. Si no derogan una ley, que la apliquen hasta la última letra. Y que se lo expliquen a sus votantes de aquí, para que todos sepan a qué atenerse.

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