El pasado viernes 25 asistimos a una nueva pantomima del presidente regional a costa de la Educación pública, concepto ajeno a su programa político. López Miras anunció una bajada de la ratio escolar para el curso 23-24 durante un acto de las cooperativas de Enseñanza de la Región, cuyo presidente ejerce como vicepresidente del Consejo Escolar Regional, presidido por el representante de la patronal privada CECE en la Región.
Ese mismo día, la Mesa General extraordinaria de la Función Pública incorporaba a los presupuestos regionales 2023 las medidas exigidas por el sindicato médico, previa amenaza de manifestación y huelga. Antes, el día 15, en el mismo foro la Administración había excluido para 2023 cualquier reversión de los recortes de condiciones laborales vigentes desde hace doce años. Bastó una llamada y una comida con los galenos para que López Miras aportara recursos económicos de los que su consejero de Economía y Hacienda aseguraba no disponer por culpa de la infrafinanciación, Sánchez, etc.
Este gesto de desprecio de López Miras hacia 21.500 docentes de la escuela pública no fue solo una cortina de humo para tapar su verdadera decisión en Mesa General. También fue un primer toque de corneta electoral. En algunos actos de la patronal privada previos a la cita electoral de mayo próximo alguien volverá a advertir lo de «si no cambia el Gobierno regional», aludiendo a la promesa del candidato electoral para el curso 23-24, que data (no lo van a creer) de 2019. Buenos reflejos, presidente, pero poca palabra.
El anuncio ‘abre una puerta’, según ANPE (ausente en la Mesa General que discriminaba a sus colegas docentes), que resulta un trampantojo. Recordemos que la ratio docente-alumno/a está fijada en 25 niños/as por aula, ampliada en un 10% en caso de alumnado de escolarización tardía. Este tope no se reserva en nuestra región a tal circunstancia y en la mayoría de las ocasiones los 25 se sobrepasan de partida. Mucho antes cuando en el aula se escolariza al alumnado con necesidades educativas especiales (n.e.e), que computa doble a efectos de escolarización sólo en la etapa de educación infantil. Este curso, debido al descenso generalizado de la natalidad, ya hay aulas de educación infantil de 3 años con 22 niños y niñas, pero en la gran mayoría de ellas se escolariza, en el mejor de los casos, al menos un alumno/a con necesidades educativas especiales cuya atención exige una respuesta exigente para las maestras/os responsable del grupo, además de una atención especializada a cargo del equipo de atención a la diversidad (orientador/a, maestro/a especialista en PT, AL, ATE). Así, todo indica que la medida de reducción progresiva de la ratio anunciada por López Mira supondrá en el primer año una diferencia de inversión mínima con respecto a la de este curso.
Otra cuestión supondría que López Miras propusiera la ampliación del cómputo doble del alumnado con n.e.e. al resto de etapas educativas y que la atención especializada se ampliase además de al alumnado con n.e.e., a aquellos niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje, tal y como mandata la LOMLOE.
Pero entre cumplir la ley y cumplir con la patronal privada, Miras lo tiene claro.
Y en relación a los graves déficit en materia de atención a la diversidad, conviene recordar que más de cien centros han solicitado a la dirección general de Recursos Humanos la ampliación de los recursos dedicados a la atención especializada (PT y AL) conforme a una disposición, la Orden de 21 de junio de 2012, que establece las necesidades reales de profesorado en Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Infantil y Primaria, sistemáticamente incumplida. Y es que la atención al alumnado más vulnerable del sistema educativo es totalmente insuficiente. Capítulo aparte precisaría la situación de los Centros de Educación Especial y de las Aulas Abiertas en la que se escolariza alumnado con n.e.e. graves y permanentes, así como la insuficiencia de Orientadores/as o la problemática con los Auxiliares Técnicos Educativos.
La ocurrencia destapa la carencia de planificación. Aplicando exclusivamente una bajada de ratios en las etapas más saturadas, faltarían espacios en los centros educativos, al aumentar el número de los grupos-clase, que, con suerte, quedarían ubicados en aulas prefabricadas. Además, mejorar las ratios en Bachillerato o Formación Profesional en centros públicos atraería aún más matrícula y reduciría el flujo de alumnado que se ve abocado a otras opciones. Eso sería muy mal visto y debidamente impedido en los dictámenes de un Consejo Escolar regional dirigido por representantes de la patronal privada, que para eso están ahí.
No estamos ante un sistema fallido, sino ante un sistema adaptado al modelo educativo privatizador.
Aprovecho para saludar a las organizaciones sindicales de la Educación pública reiteradamente ausentes o silentes en el Consejo Escolar regional y en la Mesa General.
