Que Murcia sea ya un espejo de la Sanidad pública en Madrid es algo que se viene planteando desde hace algún tiempo. La crisis de la pandemia de Covid-19 tapó por un par de años las carencias establecidas: se trataba de luchar con todo lo disponible contra el virus matador. Hasta que no se ha estabilizado la atención sanitaria no han vuelto a relucir los problemas que arrastra por falta de financiación y una gestión acorde con las necesidades de la población.
Desde el pecado original de las pésimas negociaciones de las transferencias sanitarias, los problemas se han agrandado. Las estadísticas muestran cómo van las cosas. La última oficial del Ministerio referida a 2021 coloca a Murcia con 1.466 euros de gasto en sanidad por habitante en el cuarto lugar por la cola entre autonomías. Por detrás solo quedan Cataluña (1390 €/h), Andalucía (1383 €/h) y Madrid (1212 €/h). Las cuatro bien por debajo de la media estatal y del primer puesto de Asturias (1931€/h). Conteos paralelos del portal Statista y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales establecen el mismo orden, con ligeras variaciones de cantidades.
Con ese telón de fondo, se multiplica el descontento ciudadano sobre el funcionamiento de la sanidad pública, mientras el personal sanitario (también en primera línea como perjudicados) sufre incrementos de carga de trabajo insoportables, especialmente en Atención Primaria. Por mucho que se empeñen los voceros oficiales, el deterioro no es debido solo al sistema de financiación autonómica que ningún partido gobernante ha sido capaz de cambiar. Hay otras razones de peso ‘históricas’: el mal resultado de la negociación de las transferencias y la mala adecuación de los recursos disponibles a las necesidades de la población.
Partiendo de ahí, es innegable también que la gestión que se hace desde hace años en la Región no es ni mucho menos la mejor para que en hospitales, centros de salud, etc. las cosas funcionen correctamente. No son solamente quienes forman las plantillas de esos centros los perjudicados. La mayoría de los ciudadanos también están directamente afectados por el mal funcionamiento. Las convocatorias de huelga y de protestas de trabajadores sanitarios de la Región han sido simultáneas a manifestaciones y concentraciones de ciudadanos descontentos con el funcionamiento del sistema en varios puntos de la Región. La más notoria, la registrada en Lorca hace unos días.
Es un problema que afecta a todos salvo a quienes pueden y deciden pagar de su bolsillo la atención médica privada, asumiendo las consignas encubiertas de quienes gestionan (mal) el sistema y practicando el credo neoliberal de quienes gobiernan desde hace un cuarto de siglo en Murcia. Hay que reconocer que la Consejería, al menos, ha reaccionado y hecho una oferta de mejor financiación del sistema a incluir en los presupuestos de 2023. Las organizaciones mayoritarias de médicos y enfermeras la aceptan, desconvocando las protestas. El aumento de plazas consecuente queda lejos de la propuesta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública. Los sindicatos minoritarios concuerdan en que es insuficiente, desde el punto de vista del resto de trabajadores sanitarios. Lo mismo expresaron los coordinadores médicos de Atención Primaria.
Como insinuó un representante de los segundos, los gobernantes regionales se han asustado ante el caos sanitario actual en Madrid por la contestación a la mala gestión sanitaria del Gobierno de Díaz Ayuso, faro y guía de ultraliberales de diversos pelajes en todo el Estado. El plan de la Consejería «no tiene como objetivo la mejora de la atención a los ciudadanos», opina un portavoz de los Usuarios. Habrá que ver cómo se plasma para los pacientes la transacción propuesta por el Ejecutivo de López Miras. Margen para mejorar hay mucho, pero no parece que se esté en el camino. Es lo que hay.
