El 8 de marzo de 2018 el movimiento feminista español fue un ejemplo en todo el mundo. Desde todos los lugares se destacó el empuje de las mujeres españolas que llenaron las calles como una muestra de su fuerza para defender sus reivindicaciones, pero también para celebrar las conquista adquiridas desde la llegada de la democracia. Unas conquistas conseguidas en una lucha con frecuencia en solitario, a la que ahora se unían de una manera contundente mujeres jóvenes, muchas de ellas incluso estudiantes de secundaria. También se pudo apreciar una mayor presencia de varones que en años anteriores.
Podemos decir con orgullo que el feminismo español, con sus denuncias de las raíces de la opresión de las mujeres, consiguió incluir sus reivindicaciones en la agenda política provocando cambios legislativos de gran calado; un ejemplo es la ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de hombres y mujeres de 2007. Esta ley, por su carácter transversal, obligó a modificar más de 25 leyes. La presencia masiva de las mujeres se incrementó desde la universidad, donde ellas superan en número a los varones, al Congreso de Diputados, que pasó de 21 mujeres en junio de 1977 a 183 en 2016. La creación de organismos e instituciones en todos los niveles del Estado que desarrollan políticas para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres ha favorecido que la voz de las mujeres llegue a todos los rincones del país.
En la lucha contra la violencia de género, la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección integral contra la violencia de Género y el pacto de Estado firmado en 2017 por los Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias son ejemplos del compromiso de las instituciones para conseguir erradicar esta lacra, pero hay que insistir en que debe existir una respuesta más amplia tanto en lo social como en lo asistencial.
Todos estos avances no nos impiden ver, entre otros, el déficit en las diferencias salariales, la falta de presencia de mujeres en carreras técnicas y en puestos de dirección, la persistencia del acoso laboral y sexual y, muy importante, la falta de conciliación familiar que hace recaer las tareas de cuidados mayoritariamente sobre las mujeres. Esto hace cada vez más necesaria una política global que incluya los cuidados como un derecho fundamental de las personas al mismo nivel que la educación y la sanidad.
Como podemos comprobar, el camino por recorrer es largo todavía y las conquista alcanzadas impensables hace cincuenta años tienen que inspirarnos y darnos fuerza para enfrentarnos a la reacción que se está produciendo en nuestra sociedad, y en todo el mundo, contra los derechos de las mujeres.
Hay una lucha permanente del patriarcado por hacer desaparecer a las mujeres de la esfera pública, que vuelvan al ámbito privado, que no se hable de las mujeres si no de la familia. Ya lo afirmó el ministro Alberto Ruiz Galardón cuando defendió su ley de Protección de la Vida del Concebido y de los derechos de la Mujeres 2013: «El derecho fundamental de las mujeres es el de ser madres». La llegada a Madrid de Tren de la Libertad y una manifestación de más de 30.000 mujeres bajo el lema «Yo decido» provocó la retirada de la ley y la dimisión del ministro, que de esta manera salió del espacio público.
Bajo el manto del neoliberalismo iniciado con fuerza por Ronald Reagan y Margaret Thatcher se impuso el discurso de que cada persona haga lo que quiera, que viva y deje vivir. Este aparente anti-autoritarismo protege la ley del deseo, los deseos están por encima de los derechos... siempre que se puedan pagar. Así se justifica la legalización de la prostitución, los vientres de alquiler y se potencia el consumo de pornografía, mientras se obstaculiza la educación afectivo-sexual. El vicepresidente de Castilla León, Juan García Gallardo, dijo que la educación afectivo sexual en el aula «pervierte a los niños». Sin educación sexual el porno es el primer canal de información de niños, niñas y jóvenes, lo que tiene consecuencias graves para su desarrollo y donde aprenden que las mujeres son objetos de dominio masculino.
Agresiones como la sumisión química y el pinchazo están destinadas a generar el miedo entre las mujeres, sobre todo entre las más jóvenes, y de esta manera coartar su libertad y apartarlas de los espacios de diversión. Las mujeres no nacen con miedo, se las enseña a tener miedo de las agresiones y a creer que su manera de comportarse las provoca. El reproche social no se dirige hacia los hombres que las realizan. A los niños no se les socializa como cuidadores. No se les enseña a ponerse en el lugar de los demás.
Hoy la ultradercha apoyada en muchas ocasiones por la derecha quiere desmantelar las leyes que protegen contra la violencia a las mujeres y los niños y niñas. El último ejemplo es la fundación creada por Macarena Olona, Igualdad Iberoamericana,, que tiene como objetivo «unir voces contra la ideología de género». Entre sus prioridades, promover una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para la protección de los españoles frente a la ideología de género.
La reacción no se produce sólo en España. Un ejemplo son las severas críticas que recibió la presidenta de Finlandia, Sanna Marin por ir de baile con unas amigas. Una política que se destacó por su brillante gestión de la crisis de la Covid o por la negociación para el ingreso de Finlandia en la OTAN. Unas críticas que probablemente no recibirá Giorgia Meloni, ‘presidente’ del Consejo de Ministros de Italia (así quiere que la llamen). Ella se ha protegido bajo el paraguas del patriarcado. Como dirían sus compañeros de partido, es ‘uno de los nuestros’.
